El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) advirtió ayer que la Ley 140-15, que regula el notariado, es un atentando contra la estabilidad económica y el desarrollo de la nación.La organización cúpula del sector privado aseguró que la normativa vulnera principios esenciales del ordenamiento jurídico y los roles que deben tener los notarios, los abogados y los alguaciles, como auxiliares de la Justicia.
En una rueda de prensa encabezada por Ligia Bonetti, primera vicepresidenta del Conep (en representación del presidente Rafael Blanco Canto) la institución dijo que la ley ocasionaría grandes inconvenientes al quehacer de negocios, no solo por los altos costos que representa, sino porque obliga a que los actos sobre inmuebles tengan que ser instrumentados por notarios de la jurisdicción donde están radicados esos inmuebles, violentando el principio cardinal de la autonomía de la voluntad.
Bonetti acompañada de Marisol Vicens, miembro de la Junta de Directores del Conep, y de otros directivos de asociaciones miembros de la entidad empresarial, dijo que la Ley 140-15 no toma en consideración que en muchos casos los contratos pueden versar sobre inmuebles radicados en distintas jurisdicciones y que eso obligaría a trasladarse a los lugares donde se encuentren ubicados esos inmuebles, “lo que es absurdo y costoso, e imposibilitaría numerosas transacciones inmobiliarias”.
Bonetti, Vicens y el empresario Julio Brache, presente en el encuentro, no se anduvieron con rodeos al abordar la cuestión y advirtieron que la Ley 140-15 impone costos exorbitantes no solo a transacciones empresariales sino a todas las actividades ciudadanas, perjudicando a toda la población que vería su poder adquisitivo limitado de forma sustancial.
El Conep y sus asociaciones miembros reiteraron que la rechazan, y apoyaron sin reservas el proyecto aprobado en el Senado que busca suspender por un año su vigencia.
La dirigencia del Conep exhortó a la Cámara de Diputados a conocer con urgencia el proyecto de ley aprobado en el Senado para suspender su aplicación por un año y convertirlo en ley a la mayor brevedad, “evitando así el grave daño al quehacer de negocios y a las más diversas actividades de la vida ciudadana, que su aplicación provocaría”. A pesar de que el Colegio Dominicano de Notarios compareció la semana pasada ante el Congreso Nacional y aseguró que la ley contó con “amplio consenso”, el rechazo a la pieza ha sido amplio. Las quejas por los efectos que dejaría han surgido desde instituciones ligadas a la importación de vehículos, la Fundación Institucionalidad y Justicia hasta el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, entre otros.
