La modificación de la Ley de Seguridad Social 87-01 ha sido planteada en múltiples ocasiones ante el Congreso Nacional, sin que hasta ahora haya prosperado. Muchos atribuyen ese estancamiento a los intereses económicos que giran alrededor de un sector que maneja miles de millones de pesos provenientes de los trabajadores dominicanos.
Urge modificar esa pieza legislativa para garantizar mayores beneficios a los trabajadores y poner límites a las ganancias de quienes administran los fondos de la seguridad social, a través de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).
Hasta ahora, el futuro de los trabajadores dominicanos luce oscuro si tienen que depender exclusivamente de la pensión que recibirán del sistema de seguridad social. Una jubilación que podría representar alrededor del 25 % del salario devengado resultaría pírrica para sostener una vida digna, incluso para aquellos que durante su vida laboral percibieron ingresos relativamente holgados.
En el aspecto de la salud, la situación tampoco es alentadora. La cura que ofrecen las ARS ha resultado, en la mayoría de los casos, “más cara que la enfermedad”, debido a las limitaciones de cobertura para medicamentos, análisis clínicos y otros procedimientos médicos. En las farmacias y los centros de salud, una de las frases más recurrentes que escuchan los afiliados es: “Eso no lo cubre su seguro”. Frente a ese panorama sombrío, parece abrirse una luz en el camino con la nueva propuesta de modificación presentada por el diputado Rogelio Alfonso Genao, que procura reducir las ganancias de las AFP y aumentar las pensiones hasta situarlas entre el 60 % y el 70 % del último salario devengado.
Eso luce justo y necesario. No se trata de un regalo ni de una concesión graciosa, sino de procurar que los trabajadores puedan disfrutar de una vejez digna, después de dedicar buena parte de sus vidas a producir riquezas y aportar al desarrollo del país.
Esperamos que esta propuesta no termine diluyéndose entre los dedos del Congreso Nacional, como ha sucedido con otras iniciativas legislativas presentadas durante los más de 23 años de vigencia de la Ley de Seguridad Social.
Los trabajadores dominicanos no pueden seguir esperando indefinidamente. Su futuro no puede quedar a merced de los intereses de quienes administran sus recursos. La seguridad social debe estar al servicio de la gente, no convertirse en un negocio en el que los mayores beneficios terminen quedándose en manos de sus administradores.
