Consideran un error que la JCE no asista a audiencia de la CIDH

La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de no asistir a la audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha generado opiniones a favor y en contra entre representantes de diversos sectores del…

La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de no asistir a la audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha generado opiniones a favor y en contra entre representantes de diversos sectores del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores no quiso emitir ninguna consideración ante la decisión de la JCE y se limitó a informar que en representación de esa institución fue acreditada la experta en Derechos Humanos, Rhadys Abreu de Polanco, embajadora y encargada del Departamento de Derechos Humanos, la cual partió ayer a Washington.

La directora Ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, considera un error del órgano electoral no participar en el encuentro, por ser la principal institución involucrada en los temas que se van a tratar en la sesión.

Aclaró que en las reuniones que iniciaron ayer en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), el país no se sentará en el banquillo de los acusados, ya que la CIDH no está facultada para imponer sanciones, sino para hacer recomendaciones. Subrayó que las sanciones por violación a derechos son competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otro órgano del sistema.

“La República Dominicana en una audiencia temática no se sienta en el banquillo de los acusados, como se pretende promover y mal informar, a una audiencia se va a discutir un tema de violación de derechos humanos ante la CIDH, no ante la Corte”, aclaró.

Creen el Estado debe dar la cara

En ello coincide el director de la Facultad Latinoamericano de Ciencias Sociales, (FLACSO) en el país, César Cuello, quien opina que las instituciones del Estado deben dar la cara, cualquiera que sea la posición de la CIDH y defender la posición del Gobierno dominicano.

“Por más prejuiciada, por más sojuzgada que sea la posición de ese organismo debe ser escuchada por las autoridades nacionales”, afirmó el sociólogo.
Indicó que la postura asumida por la JCE no le hace bien al Gobierno, ya que lo que procede es que esa instancia defienda su posición.

“El Estado debe aprovechar el escenario, en este caso para que el organismo electoral, como encargado de esos procesos de documentación, plantee la postura del Gobierno”, dijo.

Cuello cree que esta decisión no traerá consecuencias al país, y lo único negativo que puede ocurrir es que la CIDH se forme una visión incorrecta de la realidad, al no contar con la argumentación de la JCE.

Decisión de Rosario fue personal

Sobre el tema, el miembro titular de la JCE, Eddy Olivares, aclaró que la decisión de Roberto Rosario es a título personal y no institucional, en razón de que ni la carta de la Comisión, ni la que le remitió como respuesta Rosario a la Cancillería, han sido notificadas a los miembros titulares de ese organismo y mucho menos han sido conocidas por el pleno.

“La inusual recomendación al Canciller en el sentido de que el Estado dominicano no acuda a la mencionada cita y la pasión con que ha sido tratado el tema, en contra de personas cuyas vidas han sido afectadas sensiblemente, por el solo hecho de ser descendientes de padres haitianos y haber sido inscritos en el Registro Civil, en la mayoría de los casos, con el documento de identidad que les proporcionaba entonces el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), tampoco reflejan la posición de un órgano colegiado como la Junta Central Electoral”, sostuvo.
Observó que la JCE debe cumplir única y exclusivamente el mandato de la “desacertada y problemática sentencia del Tribunal Constitucional, en lo que le ha sido ordenado y no ser parte de una intransigencia que no le conviene a la nación”. Consideró que el tribunal debe mantenerse al margen de la discusión porque el manejo del problema le corresponde ahora al Poder Ejecutivo”.

Pelegrín opina RD debe salir de CIDH

El diputado Pelegrín Castillo exhortó ayer al Gobierno a salirse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Yo creo que República Dominicana tiene que hacer lo que han hecho otros Estados, que se han salido porque entienden que ese sistema no funciona adecuadamente”, dijo.

Agregó también que “detrás de la Comisión hay una serie de intereses internacionales que tienen una meta muy clara, que es despojar a la República Dominicana de su derecho de ejercer el control migratorio”.

El legislador por la Fuerza Nacional Progresista dijo, además, que en el 2006 la Cámara de Diputados aprobó una resolución que él presentó poniendo en evidencia que el Estado dominicano no puede seguir vinculado a una relación con la Comisión.

“CIDH no debe trazar normas a los Estados”

El presidente de la JCE, a través de su cuenta de Twitter, expresó  ayer que el papel de la CIDH no es sustituir o trazar normas a los Estados. Narró que en 2012, una comisionada preguntó cuándo el país modificaría la Constitución para adaptarla a los criterios de ese organismo”. La respuesta de César Pina fue de inmediato la siguiente: “la Constitución dominicana se modifica cuándo y cómo lo entiendan los dominicanos”. También se refirió a la decisión del presidente colombiano, de no acatar las sugerencias de la CIDH.

Injerencia
Opinión El presidente de la Junta Central Electoral afirma que el organismo internacional está prejuiciado .

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