La lucha contra el crimen es uno de los lados más flacos de las últimas administraciones. Y la criminalidad es al mismo tiempo la mayor preocupación de los dominicanos. El lunes, Las Matas de Farfán fue estremecida por el asesinato de un padre de 60 años y su niñito de seis, de la forma más brutal, cruel.
En cuestión de horas, matan cualquier número de personas, sin que nunca se conozcan los culpables. No hay que abundar para martillar lo que todos sufrimos. Por eso, amplios núcleos de la sociedad están requiriendo mayor eficacia a los cuerpos investigativos, y mayor dureza a los jueces que con frecuencia actúan de espalda a los reclamos de justicia.
Los jueces se excusan en el imperio de la ley 76-02, Código Procesal Penal (CPP), como la causa eficiente de lo que la sociedad entiende como su debilidad. El Código garantista tan denunciado por amplios sectores.
Para alarma del país, ese código laso que se quiere modificar, si se acogen reformas introducidas al proyecto en curso en las cámaras, agravaría la desgraciada inseguridad de los ciudadanos.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha enviado una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, en la que advierte sobre cambios introducidos a la pieza en el Senado, que no deben ser acogidos jamás.
Se pretende reducir aún más el plazo de duración del proceso, que sería “a partir de la denuncia, querella, informe policial o las primeras investigaciones iniciadas de oficio por el Ministerio Público”. Hacer eso, reflexiona con razón Domínguez Brito, sería “abrir las puertas del país al crimen organizado, al narcotráfico, a la trata de personas, a la corrupción administrativa”, a incrementar los atracos y robos.
El colmo es que también se persigue obligar al Ministerio Público a gestionar una orden judicial para penetrar a lugares públicos, lo que constituye un absurdo. Es despojar a la autoridad de su poder de acción.
Los diputados deben prestar atención a esas y otras justas observaciones del Ministerio Público, si de verdad desean encarar el crimen. Los cambios del Senado constituyen una contrarreforma. l
