Nuestra agitada vida republicana podría analizarse desde el autoritarismo, la corrupción administrativa, la impunidad y la indiferencia o sometimiento moral de la población al status quo. Todas han sido partes de un conjunto con resultados funestos para las grandes mayorías nacionales. Pero algo empieza a cambiar. La ciudadanía, quizás harta de tanto latrocinio, muestra signos de que despierta.
En el proceso de corrupción administrativa se han asociados políticos, empresarios, militares y civiles a costa de la población, lo que el maestro Andrés L. Mateo llama “la concepción patrimonial del Estado”. Y la justicia ha sido incapaz de sancionar, sea por complicidad o por temor. Aclaro que cuando hablo de “justicia”, como sistema, incluyo al ministerio público.
Todas las encuestas que comentan los medios de comunicación ubican a la corrupción administrativa y a la inseguridad ciudadana como los temas que más preocupan a la población, con el ingrediente de que no creen en nuestro sistema de justicia. Pues no hay un solo caso de corrupción administrativa importante juzgado o condenado. Y, sin un sistema de consecuencias efectivo, no se puede contener este flagelo.
Estas razones impulsan el deseo de representantes de la sociedad civil a clamar por el establecimiento en el país de un ente que luche contra la impunidad, al estilo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Entre las facultades de la CICIG, según el artículo 3 del acuerdo de implementación de la misma entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas de fecha 12 de diciembre de 2006, están: “(a) Recabar, evaluar y sistematizar información suministrada por cualquier persona, entidad oficial o privada, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y autoridades de otros Estados; (b) Promover la persecución penal por medio de denuncia penal ante las autoridades correspondientes.
De igual manera la Comisión queda facultada para constituirse en querellante adhesivo de conformidad con el presente Acuerdo y con el Código Procesal Penal (…); (c) Asesorar técnicamente a las instituciones competentes del Estado en la investigación y persecución penal de los delitos cometidos (…); (d) Denunciar ante las respectivas autoridades administrativas a los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente infracciones administrativas, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente; (…) (e) Actuar como tercero interesado en los procedimientos disciplinarios administrativos, mencionados precedentemente; (…)(g) Garantizar confidencialidad a las personas que participen en las funciones y facultades que tiene la Comisión conforme al presente artículo, ya sea en calidad de testigos, víctimas, peritos o colaboradores”.
En Guatemala la CICIG, sumada a una población hastiada y empoderada, tras la investigación de una red de contrabando conocida como caso “la Línea”, terminó con el apresamiento de la vicepresidenta y la renuncia y posterior prisión del presidente Otto Pérez Molina, con los cargos de cohecho, asociación ilícita y fraude tributario.
Una comisión como esta podría funcionar en el país. El actual estado de cosas no hace posible la transparencia con las instituciones establecidas, no hay señales claras de combate a la corrupción y la población no cree en las autoridades y se está empoderando.
En esta coyuntura incluso al presidente de la República le convendría jugar esta carta. Es extrema, pero la situación no es para menos y saldría ganando el país. l
