Se aproxima una fecha muy propicia para generar una importante reflexión en torno a la lucha anticorrupción en la República Dominicana. Efectivamente, en su resolución 58/4 del 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. Esta decisión se tomó con la finalidad de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción en los países miembros.
Esta convención fue ratificada por el Congreso Nacional el 26 de octubre del 2006.
Se reconoce que en la última década se han realizado reformas al marco jurídico del país en procura de una más efectiva rendición de cuentas de parte de las instituciones del Estado. Con estas nuevas leyes se supone que se debió avanzar en la lucha contra la corrupción. Es más, las reformas son exhibidas por el gobierno como pruebas de los logros que hemos tenido en materia de lucha contra la corrupción en la sociedad dominicana.
El grave problema sigue siendo que en todos los indicadores nacionales e internacionales que miden el tema de la corrupción, se sitúa a la República Dominicana entre los peores lugares. El país se percibe con niveles altos de corrupción en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional o en el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
Cabe hacerse entonces la pregunta siguiente, por qué esa percepción tan alta de corrupción si somos signatarios de importantes convenciones internacionales anticorrupción y en el país se han estado realizando las reformas necesarias. La visión oficial entiende que esta percepción es producto de campañas mediáticas que buscan desacreditar la gestión gubernamental. Este enfoque no ayuda a una solución real y definitiva del problema de la corrupción.
Las autoridades deben convencerse de que esta percepción de la ciudadanía está sustentada en bases reales. Es decir, hay percepción alta de corrupción porque existe en la República Dominicana una corrupción que es sistémica y generalizada. Por lo tanto, no puede ser entendida como práctica aislada de parte de funcionarios públicos carentes de compromiso ético. A partir de esa comprensión del problema, es ineludible disponerse a tomar las medidas necesarias para transformar la cultura de irrespeto a las leyes existente en el país.
Por otro lado, se debe apostar al fortalecimiento de los órganos de control y fiscalización del Estado y a combatir con eficiencia el régimen de impunidad reinante, que impide que la justicia funcione sancionando de manera ejemplar los actos de corrupción.
