Cuatro organizaciones de la sociedad civil conformaron una coalición por la Seguridad Ciudadana y la Reforma Policial.La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana, Centro Juan XXIII y la Mesa de Justicia de Foro Ciudadano buscan conformar un espacio de coordinación de iniciativas de todos los sectores sociales.
Al hacer la presentación de la coalición, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, manifestó que el Estado durante años se ha aferrado a fórmulas de seguridad obsoletas lo que ha llevado a la población a sumergirse en un sentimiento de inseguridad y termor.
“Las organizaciones convocantes se proponen trabajar juntas a fin de lograr la implementación de políticas públicas que permitan alcanzar el objetivo de reformular el clima de inseguridad ciudadana”, manifestó Castaños Guzmán.
Observatorio de la Policía
Como ejes de trabajo citaron propuestas de reformas legislativas, propuestas de políticas públicas y recolección de información relevante (estadísticas sobre prevención y persecución de la delincuencia).
Las organizaciones buscan, además, ser incluidas en la comisión de trabajo para la Reforma Policial en el cual está inmerso el Gobierno, y planean, entre otras cosas, implementar un observatorio Ciudadano de la Policía Nacional que contará con datos de distintas instituciones públicas y la sociedad civil, a fin de garantizar la implementación de los ejes citados.
En ese contexto manifestaron la necesidad que las autoridades y la sociedad civial tomen decisiones en torno a las políticas públicas que deben aplicarse sobre la base de su marco jurídico, por tanto el diseño de estas políticas deben ser el resultado de estudios y consultas que generan soluciones.
Reformar la Ley Orgánica de la Policía Nacional
Las organizaciones sostienen que el principal objetivo es la reforma de la Ley Orgánica de la Policía para convertirla en una institución subordinada al Poder Civil constituido, coordinada con las demás instituciones del sistema de justicia, apegada a los principios de la Constitución y las leyes y con un modelo de gestión y organización que garantice la seguridad ciudadana.
