Probablemente los días de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil terminen formalmente junto con este mes de agosto.El Senado acogió, con una votación de 59-21 votos, la denuncia en su contra, lo que deja abierto el camino para que a partir del día 25 o 26 de agosto, por espacio de cuatro días, se inicie la etapa final de este proceso, con altas probabilidades de destitución definitiva de Rousseff, lo que además la invalidaría para ejercer ningún cargo público por espacio de ocho años.
Se convertiría Rousseff en la segunda presidente de Brasil en ser destituida por este procedimiento. Primero lo fue Collor de Melo en 1992, quien en un país que para entonces sufría una recesión que empeoraba gradualmente, con una inflación galopante, incurrió en sobornos a cambio de favores políticos de parte de empresarios.
En Brasil, el impeachment o “juicio político” al presidente se justifica siempre y cuando, éste haya incurrido en algún crimen de responsabilidad, de aquellos que están tipificados en el artículo 85 de la constitución vigente, la de 1988, la constitución que se dio Brasil en los dos años posteriores a la dictadura militar.
En el caso de Rousseff la acusación da cuenta de la firma de tres decretos de presupuestos complementarios sin consentimiento previo del Congreso Nacional y de hacer lo que en Brasil llaman “pedaleo de impuestos”, que consiste en retrasar la transferencia de fondos a los bancos públicos y privados provenientes de impuestos, con la intención de aliviar la situación fiscal del gobierno en un mes o un año dado (en el caso de Rousseff en el año de la reelección), de manera que pueda el gobierno exhibir mejores indicadores económicos para el mercado financiero. La parte acusatoria postula estos agravios como “crimen de responsabilidad fiscal”, apoyados en la tipificación mencionada en el párrafo que antecede.
Dilma y sus abogados, aparte de entregar los alegatos finales de defensa así como el listado de posibles testigos a descargo, presentaron por medio de congresistas del Partido de los Trabajadores al que pertenece la hasta ahora presidenta, una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que suspenda el proceso en su contra.
Ahora bien, si bien es cierto que la CIDH está obligada a decidir sobre la base del derecho, no se debe olvidar que en el pasado el gobierno de Rousseff mantuvo una disputa muy seria con esta entidad a raíz de las medidas cautelares dictadas contra Brasil recomendando la suspensión de la construcción de una presa en la selva amazónica, lo que llevó incluso a Rousseff a congelar las contribuciones que hacía su país a la OEA y a retirar a su representante permanente ante el organismo.
El panorama, siendo totalmente objetivos, no parece ser portador de esperanzas para una presidenta cuyo “gobierno” claramente agoniza.
Impeachment y crisis de institucionalidad en Latinoamérica
A partir del final de las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980 se perciben dos movimientos de performance constitucional distintos en los países latinoamericanos. En algunos casos, los presidentes llevan a cabo reformas constitucionales que terminan debilitando al poder legislativo de modo que el control político que éste pueda ejercer resulte muy débil.
En otros, los congresos se valen del poder adquirido a raíz de las atrocidades de esas dictaduras que los faculta de alguna forma para evitar que el poder ejecutivo sea excesivamente fuerte, y por tanto, poseen incluso las herramientas para apartar a políticos democráticamente electos. Ambos casos son maneras distintas de eludir la democracia.
El proceso de impeachment a Dilma Rousseff debería llamar a toda América Latina a inquietarse. Antes pasó, con la celeridad de un rayo, la destitución de Fernando Lugo en Paraguay. Honduras sacó a Zelaya con métodos poco ortodoxos hace unos años y lo mismo podría pasar en cualquier otro de nuestros países.
Y la discusión no debería ser si es esto un golpe de Estado o no, de hecho los golpes militares en nuestra América parecen cosa de un pasado lejano, sin embargo, ambas cosas, aquellas por las armas, estas por votos en el congreso, denotan claramente la debilidad de Latinoamérica ante la tentación a violar las normas de la democracia por motivos casi siempre espurios aunque se disfracen del más brillante cariz de legitimidad.
Una muestra de esto es que, desde los ochenta unos 20 presidentes latinoamericanos no han completado los períodos para los que fueron electos. Y paradójicamente existen también los que se quedan más tiempo de lo establecido originalmente, valiéndose casi siempre de métodos políticos que terminan, a fuerza de imposición de mayorías en el congreso, convirtiéndose en constitucional.
En definitiva, América Latina está incurriendo en una práctica peligrosa, aquella de no seguir las reglas del juego poniendo en peligro los preceptos de la institucionalidad democrática.
Brasil al filo de la navaja
Los precios de los commodities y la alta demanda de China, hicieron florecer como nunca antes la economía brasileña, colocando a Brasil en un sitial de innegable importancia a nivel mundial. De pronto era la primera economía de Latinoamérica, la segunda del continente americano, la séptima economía a nivel mundial y la sexta en cuanto al valor nominal del PIB, con incidencia geopolítica mundial como único país latinoamericano miembro del selecto y desafiante grupo de los BRICS y con penetración estratégica militar como jefe de la MINUSTAH en Haití.
Paul Kennedy en su libro “Auge y caída de las potencias” explica que, una de las razones por las cuales algunos imperios caen luego de periodos de floreciente bonanza, se debe a la expansión fuera de sus fronteras más allá de lo que la sostenibilidad de sus recursos internos pueda garantizarle. La ralentización de la economía china, su decisión de producir la mayoría de materias primas en su territorio y por tanto la disminución de la demanda a América Latina, ha hecho que la región despierte del sueño que vivió por poco tiempo y a Brasil le ha tocado la peor parte.
Sus inversiones tanto fuera de su territorio como a nivel interno, con los compromisos económicos que asumió para la visita del Papa, la Copa Confederaciones en el 2013, la Copa Mundial del Fútbol en 2014, así como las Olimpiadas de este año y los escándalos recurrentes por corrupción han dado al traste con el actual estado de cosas y, no solo perjudicó en gran proporción la economía sino que pulverizó los niveles de popularidad que disfrutaba Dilma Rousseff.
Esta situación pone en entredicho la efectividad de un modo de gobernar que sacó a 30 millones de personas de la pobreza y que creó una clase media pujante y creciente, la cual se ve ahora constreñida a un sistema que exige mucho pero por razones obvias no puede garantizar flujos de movilidad social ascendente. Esa misma clase media alta que crearon los gobiernos de Lula y de Rousseff es ahora la que exige a la clase política más conexión, menos corrupción, más honradez y mayor compromiso social. Lo había dicho Tocqueville “los grupos sociales más dispuestos a actuar y reaccionar no son los pobres, sino aquellos que tienen algo que perder”.
Lo paradigmático de todo es que, aun cuando podrían justificarse el descontento y los niveles de insatisfacción, no solo contra Dilma, sino también contra el propio Michel Temer -quien ocupa de manera interina y tiene igualmente un alto índice de impopularidad- o contra el propio sistema político, la práctica de estos métodos afecta el equilibrio en la división de poderes que sugiere la democracia.
Este escenario no es bueno para América Latina. Brasil, por sus características únicas está llamado a jugar un rol preponderante en las relaciones de los demás países latinoamericanos y mas allá, en el equilibrio continental en general. Su situación, aunada a la de países como Venezuela, comienza a reflejarse negativamente en la dinámica de la política regional y eso es algo que puede terminar perjudicando la institucionalidad democrática en toda Latinoamérica.
