Los recursos que la Coalición por una Educación Digna, la UASD, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y los jueces exigen para sus sectores equivalen al 33.6% de los ingresos del Presupuesto de 2012.
Precisamente ayer, la Cámara de Diputados agotó la agenda legislativa en menos de diez minutos, con el fin de enviar a comisión el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de 2012.
Mientras, con marchas, pancartas, maratones deportivos, protestas y otras expresiones, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) pidió a los legisladores la asignación del 5% del Presupuesto General del Estado (Ley 5778).
Asimismo, la Coalición por una Educación Digna reiteró con sus sombrillas, banderas y camisetas amarillas que el gasto público en educación, según la Ley 67-97, debe alcanzar el 16% del gasto público total o el 4% del producto interno bruto (PIB).
En tanto que Fedomu mantiene el reclamo de que el 10% del Presupuesto se traspase a los gobiernos locales. Su campaña ha tenido tal incidencia que forma parte del discurso de oposición de los diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). El porcentaje presupuestario de los ayuntamientos se lee en la Ley 166-03.
Otro reclamo viene del sector judicial, con una amenaza de paro de labores, dos asociaciones de jueces abogaron el pasado martes porque la Cámara de Diputados cumpla la Ley 194-04, que asigna el 2.6% del fondo público al Poder Judicial.
En su artículo 3, esta ley especifica que al Poder Judicial corresponderá el 4.10% de los ingresos recibidos por el Estado, 65% para la Suprema Corte de Justicia y el restante 35% a la Procuraduría General.
Los magistrados paralizarían las operaciones de sus tribunales a partir de la mañana de hoy, en el interés de que el Poder Legislativo escuche su “justo” pedido.
Si los diputados deciden cumplir con las leyes reivindicadas por estos cuatro grupos sociales, tendrían que reorganizar RD$144 mil 480 millones, de un total de RD$430 mil millones, que es el monto de la pieza aprobada “a vapor” en el Senado.
Otros organismos, como el mismo Poder Legislativo (3.1%), la Cámara de Cuentas (0.3%), y el Banco Central (1%), también tienen bases legales que les asignan montos porcentuales del Presupuesto, aunque no las reivindiquen.
En el 2010, Vicente Bengoa, entonces ministro de Hacienda, dijo que hay 24 leyes que segmentan porcentualmente la distribución del Presupuesto.
Pugna entre PRD y PLD
La propuesta del Ejecutivo, ascendente a RD$430 mil millones, podría ser sometida hoy mismo a la primera jornada de estudio dentro de la comisión que preside el diputado Lupe Núñez (PLD-Duarte). Se espera que el documento se presente al pleno en el transcurso de la próxima semana. El Senado lo aprobó hace siete días en dos lecturas consecutivas.
Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solamente se han comprometido públicamente con mandar la pieza a la Comisión de Presupuesto, pero el bloque del PRD pretende presionar para que se asigne una partida correspondiente al 4% del producto interno bruto (PIB) al sector Educación, y para que la distribución de fondos tome en cuenta las numerosas necesidades económicas de los ayuntamientos y el sector agropecuario.
Consideran difícil que se modifique
El presidente de la Comisión de Hacienda y miembro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Marino Collante, consideró que será muy difícil modificar el documento enviado por el Ministerio de Hacienda, puesto que el partido interesado tendría que contar con el voto de las dos terceras partes de los presentes en el hemiciclo, como indica la Constitución. Mientras, al Congreso siguen llegando los sectores que reclaman un aumento de sus fondos presupuestarios.
