Es una idea bien asentada que el crecimiento económico en República Dominicana en los últimos años ha estado lejos de beneficiar a la gente en la medida en que debería. Entre 2000 y 2012, la producción total real creció en un 80%, pero la incidencia de la pobreza hoy es cerca de un 40% más elevada que en 2000. El 65% del crecimiento de ese período se produjo entre 2005 y 2012, y aunque entre 2005 y 2007, luego de la crisis desatada por los fraudes bancarios, la incidencia de la pobreza de ingresos se redujo, desde ese momento en adelante las cifras han bajado muy poco.
El pobre desempeño del empleo y de los salarios ha estado muy ligado a esa realidad. Los salarios reales, es decir, el poder de compra de los ingresos laborales, no han crecido y el empleo se ha precarizado de manera escandalosa, siendo cada vez mayor la proporción de personas ocupadas en actividades y emprendimientos de baja productividad, bajos ingresos, bajos niveles de protección y alta inseguridad.
Este resultado está ligado al hecho de que la economía dominicana se ha movido de manera creciente hacia una dinámica rentista en la que los principales incentivos para la inversión se ubican en sectores que no generan directamente valor agregado o que agregan poco valor, que crean pocos empleos o empleos de baja productividad, y que frecuentemente extraen valor desde los otros. Son los casos, por ejemplo, de actividades como el comercio, el sector financiero y algunos servicios.
Estas actividades son importantes para las otras. Por ejemplo, la industria o la agropecuaria no pueden operar sin que el comercio distribuya y venda sus productos o sin que el sector financiero les facilite recursos para las operaciones corrientes y para las inversiones.
Pero cuando las lógicas de acumulación de esos sectores se sobreponen las de aquellos que generan directamente valor agregado, la producción queda sacrificada, el empleo y el desempeño social quedan comprometidos y el crecimiento se hace insostenible. A inicios de la década pasada, cerca de la mitad del valor de la producción nacional era producida por la agricultura, la industria (incluyendo la construcción) o el turismo. En 2012, esa proporción fue de menos de 40%. En contraste, mientras en 2000, un 30% del PIB era explicado por el comercio, el sector financiero, las comunicaciones, el alquiler de viviendas y otros servicios, en 2012 esa proporción había subido hasta casi 40%.
Asimismo, entre 1992 y 1999, el 28% del crecimiento de la producción fue explicado por esos últimos sectores mientras la industria, la agricultura y el turismo explicaron más del 52%. Pero entre 2000 y 2012, las proporciones se invirtieron. Estos últimos tres sectores apenas explicaron un 27% del crecimiento, mientras el sector financiero, las comunicaciones, el alquiler de viviendas y otros servicios explicaron casi el 51%.
La lógica rentista se impone sobre la producción cuando se prioriza la elevada rentabilidad financiera frente al aseguramiento de crédito adecuado y oportuno para la producción. También, cuando el endeudamiento público infla las ganancias financieras por la vía de subir las tasas de interés, y cuando los recursos públicos colectados por el endeudamiento y los impuestos enriquecen a unos pocos gracias a contratos amañados.
Esa lógica se impone cuando, al ofuscarse con unas metas de inflación y de tasa de cambio que se deciden en oficinas cerradas y sin consultarle a nadie, las políticas monetarias y cambiarias mantienen elevadas tasas de interés sin miramientos sobre las consecuencias sobre la producción y las exportaciones. El rentismo domina cuando esa misma política mantiene una tasa de cambio que hace que el resto de la economía subsidie las importaciones beneficiando a ese sector frente a la producción, y cuando el gran comercio mayorista y minorista somete a la pequeña producción agrícola a precios reducidos y costos financieros elevados sin que la política pública fomente esquemas de comercialización más equitativos.
La economía rentista, de crecimiento concentrado y con empleos malos debe ser reemplazada por una economía productivista, y por un crecimiento de base amplia.
Eso se hace dándole vuelta a los incentivos, haciendo que el sistema financiero, el comercio y el Estado estén al servicio de la producción y no al revés, y que las políticas se enfoquen en promover la producción y el empleo de calidad.
