Conocer la cifra exacta de dominicanos deportados hacia su país de origen tras haber cometido delitos o purgar penas en otros territorios es una tarea difícil, pues aunque existen instituciones oficiales y de la sociedad civil que trabajan con ese sector tienen datos disímiles.
La Dirección General de Migración es la entidad que oficialmente dispone de las cifras de deportados, pero esa información no está al alcance del ciudadano común y se maneja cual si fuera secreto de Estado.
Los departamentos de Deportados de la Policía Nacional y del Ministerio de Interior y Policía tampoco ofrecen datos. Extraoficialmente se conoce que desde el año 2004 hasta la fecha han vuelto al país 58 mil criollos con experiencia en el extranjero como infractores de leyes, según la fundación “Bienvenid@s Seas”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima que estos son de 34 a 40 mil desde el 2004 hasta el 2011. Entre enero del 2011 y el mismo mes del 2012 los repatriados rondaban los cuatro mil.
En enero de este año la cantidad fue de 150, de acuerdo a varias entidades. Una fuente, que pidió no ser identificada, dice tener en su registro la cantidad de 64 mil deportados desde el 2004 hasta la fecha.
Según esta comisión, entre el 85 y el 90% son repatriados desde Estados Unidos y poco más del 50% es rechazado por problemas de drogas. Los hay también por violencia, violaciones sexuales, por infringir la ley de Migración y fraude.
Parte de los repatriados han dejado en los países donde delinquieron propiedades como cuentas bancarias, viviendas, automóviles y otras cosas que no les son devueltas cuando son enviados acá.
Muchos al momento de ser apresados, estaban trabajando, acumularon prestaciones y conquistas laborales, ahorros en cooperativas y se les niega el acceso a esas propiedades ganadas en buena lid, cuenta Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos.
“Nosotros tenemos casos, que los hemos estado trabajando con la Cancillería, de deportados que no pueden recuperar sus propiedades porque han sido expulsados de Estados Unidos y no pueden retornar. Eso aparte de que rompen el vínculo familiar”, dijo el jurista.
Como una espiral
Desde el año 2004 la cantidad de repatriados se ha incrementado, conforme registra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“La realidad hoy de los deportados es altamente alarmante y con el agravante de que no hay en el país una institución por parte del Estado que, en primer lugar, dé seguimiento y en segundo lugar que entienda que ellos son dominicanos con derecho a integrarse a la vida familiar, a la vida social y laboral”.
La falta de recursos es un obstáculo para que la entidad a su cargo pueda hacer un mayor trabajo, porque el Estado no les apoya económicamente.
El departamento de psicología, creado en el 2003, cambió la forma en que se trataba a los deportados. Reportes periodísticos dan cuenta de que la encargada durante ocho años, una oficial de apellido Mateo, daba un trato humano a los repatriados, les ayudaba a buscar empleos, a sacar sus documentos, utilizando sus relaciones personales, y le daba seguimiento personal a cada uno de los casos.
Narra que se cometen muchos abusos porque manejó casos de personas que fueron deportadas a territorio dominicano sin tener esta nacionalidad como fue el caso de la anciana de 73 años Sara Linda Rosario Willmore, que en el 2002 fue deportada desde Estados Unidos enferma y sin saber nada de español.
Luego de una investigación profunda de la encargada de la unidad de deportados se logró determinar que la señora había nacido en Nueva York.
Como ese, otros casos se han conocido en el país y como dice el presidente de la fundación Bienvenid@ Seas, René Vicioso, son muchos los abusos que se cometen y se podrían evitar con más ayuda por parte del Estado.
Llama a las nuevas autoridades a sensibilizarse y evitar que se sigan cometiendo más abusos contra los deportados que una vez cometieron un error, pero tienen derecho a reivindicarse. l
Migración dificulta labor periodística
Imposible fue lograr que la Dirección General de Migración ofreciera estadísticas actualizadas sobre la cantidad de deportados. Durante una semana reporteros de este diario solicitaron la información sin lograr resultados.
En principio su relacionista público dijo a elCaribe que el director, José Ricardo Taveras Blanco, no hablaría porque quería mantener un perfil bajo, pero que no obstante diligenciaría los datos y llamaría tan pronto los tuviera a disposición.
Luego de 14 llamadas a su celular y otras tantas mediante sus asistentes, Taveras Blanco se mostró extrañado de que no se suministrara la información porque supuestamente está disponible y nos remitió a un señor apellido Vargas.
Al requerirlo no estaba y su asistente dijo que solo con una orden del director se facilitaba la información, pero antes hay que entregar una carta.
Numerosas llamadas fueron hechas de nuevo al director y no contestó, pero sí lo hizo ante el llamado de una periodista cuyo número reconoció. A ella le reiteró la petición de esta información mediante una carta dirigida a esa entidad pública.
