La Carta Pastoral publicada por nuestros obispos con motivo de la celebración de nuestra independencia, no solo retrata fielmente la situación de nuestra sociedad, sino que hace una sabia asociación entre la paz y la justicia exponiendo con gran acierto ejemplos de casos en nuestra sociedad en que las mismas caminan juntas y casos en que existe un total desencuentro, los cuales desgraciadamente son la mayoría.
Ante la debilidad de nuestras instituciones, incluyendo nuestros partidos políticos que se han convertido en feudos para defender ambiciones personales y negocios particulares, y la actitud de complacencia con el poder de muchos ciudadanos por necesidad o interés; la voz de nuestra Iglesia representa la conciencia nacional que nos recuerda lo que estamos haciendo mal y nos alienta a trabajar por la mejoría de aspectos fundamentales sin los cuales no podremos gozar ni personal ni colectivamente del estado idóneo de bienestar que constituye la paz.
Como bien exponen nuestros obispos la mayor desprotección que vivimos los dominicanos tiene como causa una institucionalidad débil, que permite a nuestras autoridades gastar los recursos de forma poco transparente y con baja calidad.
Ponen el dedo en la llaga cuando expresan que existe un “excesivo recurso a las transferencias corrientes de una institución pública a otra”, las cuales al no aparecer desagregadas en las cuentas nacionales “pueden funcionar como un cheque en blanco y ser utilizadas disimuladamente para el clientelismo político”.
La Carta Pastoral no se equivoca cuando afirma que la acumulación de riqueza a través de la corrupción quita la paz, no solo de los que realizan estas malas prácticas sino la de la sociedad completa; de igual forma, cuando se señala que “de no castigarse ejemplarmente los casos de corrupción en el Estado, no se podrá esperar de la mayoría de la población un uso honesto de los bienes públicos ni una actitud de colaboración en beneficio de la convivencia ciudadana”.
La descripción de las situaciones en las que la justicia y la paz se desencuentran en nuestro país, tales como la carencia de institucionalidad y trasparencia, la deficiencia de nuestro sistema eléctrico y de salud, el irrespeto a la independencia de los poderes del Estado, el creciente endeudamiento, la insuficiente aplicación de una política migratoria equilibrada, el auge del narcotráfico, de los juegos de azar y el consumo de bebidas alcohólicas, la irresponsabilidad y deficiencia de nuestros cuerpos de seguridad, la impunidad y la degeneración del ambiente intrafamiliar son un fiel retrato de los males que aquejan a nuestra sociedad.
Las propuestas expuestas por nuestros obispos para hacer realidad un acercamiento entre la justicia y la paz deberían ser acogidas con la misma buena voluntad con que fueron efectuadas, no solo por nuestras autoridades, sino por todos los ciudadanos.
Ciertamente como alegan no tendremos paz sin cultura de derecho, sin buenos empleos, sin una adecuada ley de partidos, sin un reencauzamiento de nuestras relaciones con Haití y sin una educación que fomente entre otras cosas la disciplina, el orden, la higiene personal y ambiental, los valores patrios y familiares. Por eso necesitamos de un Estado decidido a frenar todos los males que sumergen nuestra sociedad en la pobreza material y espiritual, arrebatándole su legítimo derecho a vivir en paz.
