La Vega. Trece años después de dejar iniciados los trabajos de construcción de la presa de Guaigüí, las 332 familias desalojadas viven en la incertidumbre en espera de ser reubicadas.
Y es que a pesar de las bondades que ofrece la obra iniciada en el año 2001, la falta de una contrapartida de un 25 por ciento que debe erogar el Estado dominicano para que pueda materializar la ejecución de los 70 millones de dólares aprobados por el Congreso, ha impedido el avance del proyecto.
La inversión estimada para la ejecución del proyecto es de 131 millones 412 mil 794 dólares con 92 centavos. De estos, el Deutsche Bank aportaría 78 millones 168 mil 621 dólares y el Estado dominicano una contrapartida de 21 millones 254 mil 384 dólares con 71 centavos.
En total, en el área comprendida entre los ríos Camú y Guaigüí fueron desalojadas y reubicadas 132 familias, mientras otras 200 afectadas esperan por una solución de compra de sus terrenos.
Desde gredar hasta equipos pesados llevan un año parados, pese a que la obra ya tiene un diez por ciento de avance.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), entiende que la presa no solo permitirá irrigar diez mil tareas, sino que brindará agua potable durante 20 años a las comunidades de La Vega.
Además, resolverá las inundaciones en las zonas más vulnerables y corregirá de alguna forma los problemas que se provocan en el bajo Yuna. La presa de Guaigüí también aportará dos megas de energía limpia.
En estos trece años, apenas se ha avanzado en un túnel de aproximadamente 350 metros de largo, mejoramiento vías de acceso y ya concluyeron los estudios de diseño de la obra.
El proyecto ha pasado por un proceso de incertidumbre. En el 2003, dos años después de su inicio, las labores fueron paralizadas y fueron retomadas nueva vez en el 2011. En la zona, además de los ingenieros del Indrhi, permanece una cantidad mínima de empleados y cuatro miembros del Ejército Nacional. El ingeniero residente Víctor Quiroz encabeza el grupo técnico.
Se quejan de la situación de incertidumbre
Juan Augusto Capellán y Jesús Veloz, quienes llevan cuatro años en labores de topografía, han visto a sus familias sufrir en carne propia ante la incertidumbre de no saber cuándo iniciará el proyecto para saber qué harán con las viviendas.
“Aquí no se nos permite siquiera construir ni una casita y en esa situación llevamos ya trece años de larga espera”, apunta Capellán. Mario Páez, quien trabaja junto a varios ingenieros en esa zona, lo considera como un proyecto importante y urgente para los veganos. El senador Euclides Sánchez se ha pronunciado reclamando la obra.
