El próximo lunes la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados fijará posición sobre el conflicto generado por la norma 13-2011 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La medida, que ordena a las entidades de intermediación financiera a retener el 1% de los intereses generados por los depósitos de empresas, fue calificada de inconstitucional por los representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quienes se reunieron ayer con los legisladores.
El diputado Ramón Cabrera, presidente de la comisión, explicó que el Banco Central y la Superintendencia de Bancos también han presentado sus quejas en la Cámara Baja, por entender que la “acción unitaria” de la DGII contradice el artículo 23 de la Constitución de la República y el artículo 309 del Código Tributario. Los afectados argumentaron, además, que la regulación del sistema financiero nacional corresponde, de acuerdo artículo 56, acápite B de la Ley 183, a la Junta Monetaria.
“La Cámara de Diputados se puede expresar mediante resolución, en el marco de su papel como fiscalizadora de las ejecutorias del sector público”, advirtió Cabrera, luego de una reunión con Rafael Paz Familia, director Técnico del Conep, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus.
El pasado miércoles los diputados invitaron a la DGII a conversar sobre el conflicto de intereses despertado por la norma 13-2011, pero todavía la Dirección no ha enviado ningún representante a la Cámara de Diputados.
La intermediación de los diputados responde a una resolución presentada ante el hemiciclo por Víctor Gómez Casanova, representante del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD). La Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana (ABA) llevó el caso a los tribunales.
