Mi padre, un dominicano nacido en el 1919 en Monserrate, sección del municipio de Tamayo, comerciante reconocido en la región del Bahoruco, se acogió, a la entrada de sus 90 años, a los requerimientos que hoy exigen las instituciones de nuestro país.
El nombre que le puso mi abuelo al nacer fue “Facundo”. Al crecer, no le gustaba su nombre. Cuando fue por primera vez a la escuela, acompañado de una hermana mayor que él, para inscribirse, le preguntaron su nombre, se quedó callado, tímido, no respondió y fue su hermana quien dijo: “él se llama Juan Francisco”. Y así se quedó.
Creció, estudió, se hizo bachiller, sacó cédula, contrajo matrimonio, estuvo preso en las cárceles de Trujillo, se graduó de abogado en la Universidad de Santo Domingo. Tuvo licencia de conducir, se hizo comerciante y luego del ajusticiamiento de Trujillo sacó su pasaporte y viajó con algunas personalidades de hoy, amigos en ese tiempo, a Europa, Cuba, Brasil, Venezuela, entre otros países. Organizó y promovió el Movimiento 1J4 en Tamayo. Tuvo el honor de recibir en su casa al inmortal Manuel Aurelio Tavárez Justo, y coincidir con él el mismo día en la presentación del examen de tesis. Participó en la Revolución de 1965; fue fundador del Comité del PLD en Tamayo y hasta llegó a poseer un carnet de un seguro médico a partir de la década de los años 90.
Pasó el tiempo y en el desarrollo de todas las actividades que realizó en el transcurso de su vida nunca tuvo problemas con sus documentos de identidad ni con ningún otro. En el año 2007, cargando sobre sus hombros ochenta y ocho de años, una hija residente en Bruselas, planea llevarlo a él y a la madre de ella, su esposa, a pasear por Europa. Va a renovar su pasaporte, pero… ¡0h sorpresa! Para renovar ahora un “pasaporte biométrico”, necesita el acta de nacimiento.
“¡Un anciano, casi en el portal de sus noventa años, tiene que sacar su acta de nacimiento! Ni modo. La ley es la ley y todos debemos cumplirla ¿qué tengo que hacer?”. Visitó la oficialía en la que supuestamente pensó que debió estar registrado. No encontró nada y así siguió buscando en todas las oficialías y juntas electorales de la región Suroeste y en Santo Domingo. Luego de una búsqueda intensa y no encontrar su registro, en la Consultoría Jurídica de la Dirección General de Pasaportes le indicaron lo que debía hacer: buscar siete testigos contemporáneos con él, que justificaran su nacimiento bajo una declaración notarial jurada. Le dio mucho trabajo, pero renovó su pasaporte y así disfrutó y visitó otra vez varias ciudades europeas antes de morir.
Estoy hablando de Juan Francisco Reyes Vólquez, alias Negro Reyes, de Tamayo. El primer profesional del municipio, que por necesidad política se dedicó al comercio llevando su mercancía a todos los bateyes, relacionándose y tratando con los dominicanos y haitianos de la zona.
Entre los amigos y compañeros de estudio de mi padre se pueden citar al inmortal poeta Pedro Mir, Noé Suberví Espinosa, Mario Reed Vittini, el cardiólogo Héctor Mateo, abogado Eudoro Sánchez y Sánchez, y más jóvenes los abogados Hugo Arias Fabián, Rodolfo Mesa Beltré, Antonio (Tony) Isa Conde, entre otros.
Si un dominicano como mi padre, de quien muchos pueden dar testimonio de su dominicanidad, a su edad, tuvo que cumplir con un procedimiento exigido por la ley, ¿por qué un inmigrante o hijo de inmigrante no quiere someterse a las leyes y requerimientos del país que le está dando albergue? ¿No pueden los inmigrantes ilegales someterse al mismo proceso que se sometió mi padre, que sin lugar a dudas fue dominicano?
Cualquier inmigrante o hijo de inmigrante que se sienta dominicano debe tratar de colaborar para que este país, del cual quiere ser nacionalizado, avance por el sendero de la legalidad debe regularizar su situación. ¿Cuál es el problema?
República Dominicana tuvo la visión de poner orden en su casa, de corregir un problema que viene de antaño y que va creciendo como una bola de nieve. Es entendible, porque toda sociedad que quiere avanzar debe identificar y definir sus procedimientos, implantarlos, revisarlos y mejorarlos, adecuándolos a sus necesidades. La agresividad de las autoridades de Haití y todos los países que lo apoyan, no se corresponde con un derecho que solo compete a República Dominicana.
