Las debilidades de nuestro sistema político tienen su explicación en el hecho de que vivimos en una democracia sin demócratas. No sólo los gobernantes, sino los diversos actores sociales y políticos se han caracterizado por una marcada inclinación hacia prácticas y actitudes autoritarias. Por esta razón, a pesar del tiempo transcurrido desde la caída de la dictadura, ha sido muy difícil afianzar en nuestra sociedad un régimen verdaderamente democrático y un real Estado de derecho.
Aunque es muy importante que podamos contar con una clase política que apueste a la institucionalidad, esto por sí solo es insuficiente si no se cuenta con un compromiso dirigido a educar para la constitución de una ciudadanía democrática. Contar con ciudadanos y ciudadanas con plena conciencia de sus derechos y sus deberes, es una condición indispensable para una democracia de calidad. Un modelo de sociedad basado en la equidad y la democracia requiere de un nuevo tipo de educación, en la que según Tiana Ferrer (2005), más allá de la formación instrumental, se eduque a nuestros jóvenes “para el ejercicio de una ciudadanía libre, solidaria, participativa y democrática”.
El problema es que la formación ciudadana no ha sido una prioridad en los procesos educativos de la sociedad dominicana. Se reconocen los esfuerzos realizados por instituciones como el Consorcio de Educación Cívica o el Centro Poveda, así como las iniciativas de educación cívica llevadas a cabo por varios centros educativos del país, pero estos aún son limitados. El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) del 2009, puso de relieve la grave situación de la República Dominicana en materia de educación ciudadana de los estudiantes de media.
En el estudio participaron treinta y ocho países entre los que se encuentran seis latinoamericanos. De estos países, los estudiantes dominicanos aparecieron con el puntaje más bajo en materia de conocimiento cívico. Además, nuestros jóvenes muestran la actitud más positiva hacia un gobierno autoritario, así como el mayor nivel de tolerancia hacia prácticas corruptas desde el Estado y la más alta aceptación de la desobediencia a la ley.
Como se ve, la educación pública y privada dominicana no está contribuyendo con una efectiva constitución de ciudadanía. Lo mismo podemos decir de los procesos de educación popular llevados a cabo por decenas de organizaciones sociales. Esto plantea la urgencia de ampliar y fortalecer la formación ciudadana a nivel de la educación formal e informal, lo que supone que éste sea un tema de prioridad en los esfuerzos que se hacen para mejorar la inversión y la calidad de la educación en el país.
