El ingeniero Félix Bautista y otros seis ciudadanos tienen una acusación por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en escritura pública y privada, así como prevaricación, testaferrato, violación de la Constitución de la República y de varias Convenciones internacionales contra la corrupción, por unos montos cercanos a los 26 mil millones de pesos.
La acusación en contra del senador por la provincia San Juan y los demás imputados, por éste no despojarse de su inmunidad como legislador, debió conocerse en la Suprema Corte de Justicia. Allí nombraron a un juez de instrucción especial, el doctor Moscoso Segarra, exfiscal del Distrito Nacional.
Este “juez” emitió un Auto de no ha lugar a apertura a juicio a favor del ingeniero Bautista y compartes entendiendo, entre otros argumentos, que el proceso debía archivarse definitivamente, debido a que antes les habían acusado por las mismas imputaciones con resultados adversos para la acusación y, por vía de consecuencia, se estaba “exponiendo” dos veces a los encartados, algo que los abogados llaman: non bis in ídem.
Este “Auto de no ha lugar” fue apelado por el ministerio público y debe conocerlo la sala penal de la Suprema Corte, la cual está compuesta por cinco jueces, entre los cuales está el doctor Moscoso Segarra.
Como este “juez” fue quien evacuó el “Auto de no ha lugar”, no puede conformar la sala, pues un juez no debe conocer dos veces el mismo proceso. Razón por la cual la sala penal de la Suprema quedó con solo cuatro jueces.
Estos debieron solicitar un quinto juez, para prevenir una votación cerrada y la posibilidad de empate. Pero no lo hicieron y hubo un empate en las votaciones: dos jueces votaron por mantener el no ha lugar a apertura a juicio y dos jueces votaron por enviar el proceso a juicio. Razón por la cual los jueces anularon la instrucción del proceso y este deberá empezar desde “cero”, pero con la sala penal conformada por cinco jueces.
Ante esto, ¿ cuál podría ser la solución procesal?
Plantean muchos analistas y abogados de ganado prestigio que solo hay que “subir” a la Suprema un juez de Corte de Apelación para que conforme la sala penal y conocer el proceso de nuevo, así este quinto juez decidirá el curso del proceso, pues los otros cuatro tienen ya su postura al respecto.
Personalmente no comparto este criterio por varias razones, entre estas: I) Los cuatro jueces que conocieron del proceso ya tienen su criterio hecho. Esos conocieron, valoraron y hasta decidieron, aunque no sepamos quien es quien. Por vía de consecuencia no pueden conocer otra vez. Incluso podrían ser recusados y hasta sometidos disciplinariamente por las partes. II) Por qué buscar jueces de cortes de apelación si en la Suprema aún hay jueces en las demás salas y al respecto la ley no es clara.
A este argumento le podríamos oponer el hecho de que son “jueces de otras materias, con especialidad en otras áreas del Derecho”. Sin embargo, de ser esto así, no se debieran trasladar jueces de grado a otras jurisdicciones. Como se hizo recientemente con jueces que tenían más de diez años en la jurisdicción penal y los trasladaron a lo laboral o administrativo.
Además, por ejemplo, el magistrado Ortega hizo su carrera como juez penal y sus libros, con excepción del último sobre derecho administrativo –muy bueno por cierto-, son de derecho procesal penal y en la Suprema está en otra sala. Es decir, que este argumento es débil.
Entonces, lo correcto es conformar la sala con cinco jueces distintos y buscarlos dentro de la misma Suprema, solo cuando no haya jueces allí debemos pensar en los jueces de corte de apelación.
A quien podría convenirle esto es otro tema que por razones de espacio no emprendo. Pero lo cierto es que con este proceso se juega el crédito la justicia dominicana.
