Representantes del sector empresarial están promoviendo una legislación para protegerse de la crisis, pero que tendría influencia sobre las finanzas y el mercado laboral.Se trata de la creación de una Ley de Bancarrota, que permita a las empresas con problemas financieros mantenerse activas con determinadas exenciones de tipo fiscal y laboral.
La iniciativa legal está contenida en un proyecto de Ley de Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial. La idea cobra fuerza ahora que los retos financieros y económicos que afronta la economía global podrían afectar seriamente a empresas establecidas en el país, no sólo extranjeras, sino también aquellas con financiamientos fuera del país.
La petición más firme en esa dirección fue hecha la semana pasada por el presidente de la Cámara Americana de Comercio, Julio Virgilio Brache, cuando afirmó que una Ley de Bancarrota permitiría a las compañías con presiones financieras tener posibilidad de reestructurarse y mantener sus puertas abiertas y a sus empleados. El empresario exhortó al Congreso Nacional conocer la iniciativa legal y convertirla en ley.
Aunque no entró en detalles sobre las implicaciones de la Ley, este instrumento es de mucha utilidad en los países donde existe, como Estados Unidos. La ventaja es que permite a una empresa con dificultades declararse en bancarrota y así obtener ciertas facilidades del Estado para no paralizar sus operaciones.
Algunos representantes de sectores sociales, especialmente la clase sindical, ha estado analizando la solicitud de los empresarios, debido a que consideran que con esa legislación se pudieran crear condiciones para que empleados sean suspendidos sin sus prestaciones laborales como parte de las facilidades a que haría referencia la legislación.
“Usted está suspendido de labores, no está cancelado, pero mientras tanto no cobra”, sería la condición de algunos trabajadores, con lo que se corre el riesgo de que esa situación se extienda.
Además, está el caso de las empresas que en el país constantemente declaran pérdidas y sin embargo siguen operando con prosperidad. La intención es evitar el pago de impuestos, pero con el recurso de la bancarrota podrían surgir acciones de oportunismo con el interés de evadir impuestos.
