BOGOTA — Con menos entusiasmo y más pragmatismo, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron el jueves su segundo acuerdo de paz, ante la resistencia de la oposición y, a partir de ahora, en manos del Congreso.
En el Teatro Colón de Bogotá, las partes pusieron fin a más de medio siglo de enfrentamiento armado y cuatro años de negociaciones con una ceremonia sobria pero histórica, mientras en la calle unas 500 personas clamaban «¡Viva la paz!».
«Este acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena», admitió el presidente Juan Manuel Santos, visiblemente cansado, después de firmar el texto modificado con propuestas de la oposición.
El mandatario aseguró que los cambios se hicieron «con sentido de urgencia, conscientes de que la incertidumbre y el paso del tiempo conspiraban contra la paz». Con la misma premura, el documento fue entregado al Congreso para su aprobación la semana próxima.
«Que la palabra sea la única arma de los colombianos», celebró el máximo comandante de la guerrilla Rodrigo Londoño, conocido como «Timochenko», en un discurso cordial pero menos emotivo que el de la ceremonia anterior, e instó a crear un gobierno de transición para implementar los acuerdos.
El líder rebelde dedicó el pacto a quienes lo defendieron en las calles luego de que el primero fuera rechazado en un plebiscito el 2 de octubre y lamentó las recientes muertes de guerrilleros, líderes campesinos y defensores de los derechos humanos. También felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
Tanto Santos como «Timochenko» hicieron un llamado a la oposición, que ya expresó su rechazo al nuevo texto, a trabajar en «unidad».
Según la oposición encabezada por el expresidente, Álvaro Uribe (2002-2010), el nuevo pacto introduce cambios solicitados por los defensores del «No» en el plebiscito, pero no los suficientes. Los críticos sostienen que es necesario hacer un nuevo referendo, algo que rechazan tanto el gobierno como las FARC.
El acuerdo, un documento de 310 páginas con medio centenar de modificaciones, prevé que la guerrilla entregue en los próximos seis meses un inventario de sus bienes y activos para resarcir a las víctimas. También detalla las condiciones de la restricción de libertad para los responsables de crímenes, pero no sacia las principales exigencias de la oposición.
Las demandas como penas de cárcel para quienes cometieron delitos graves y la limitación de la participación política de los rebeldes no fueron atendidas en los 40 días que se extendió la negociación.
Desde el Senado, Uribe aseguró la misma tarde del jueves que su bancada participará en los debates sobre el acuerdo, pero que seguirán insistiendo en celebrar referendos sobre aspectos puntuales.
«Buscaremos un mecanismo de participación ciudadana para honrar la defensa de los puntos que el gobierno no quiso aceptar», afirmó.
Con esta oposición, será difícil poner en práctica el nuevo acuerdo. En lo que va de año, la organización Somos Defensores ha registrado el asesinato de 70 líderes campesinos y defensores de derechos humanos. En 2015 fueron 63.
«Llegó la hora de una Colombia unida», expresó Ángela Marín, una socióloga de 41 años que celebraba en la plaza de Bolívar, donde la gente cantaba «Sí se pudo» en un ambiente muy alejado del que había el 26 de septiembre, cuando se firmó el primer texto en Cartagena de Indias en presencia de una docena de jefes de Estado y el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon. Para Marín, es momento de que las FARC unan a los colombianos que antes los odiaban.
Cuando el acuerdo quede refrendado en el Congreso empezará en la misma cámara su implementación. «Espero que, según el procedimiento establecido, la refrendación sea aprobada en el curso de la próxima semana», declaró Santos.
El primer debate será sobre la amnistía de los presos de las FARC para que puedan salir de las cárceles y trasladarse hasta las más de 20 zonas rurales supervisadas por la ONU donde el resto de la guerrilla —unos 8.000 individuos— se desarmarán en un plazo de seis meses.
«En 150 días, tan sólo 150, todas las armas de las FARC estarán en manos de las Naciones Unidas», aseguró el presidente, recortando un mes esa previsión.
Por su empeño en poner fin a más de medio siglo de conflicto armado Santos recibirá el premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre, noticia que recibió pocos días después del fracaso del plebiscito.
El acuerdo de paz con las FARC, la guerrilla activa más antigua del continente, no bastará para poner fin a la violencia en Colombia. En el país también opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras bandas criminales.
