La República Dominicana debe reconocer a la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC). A su líder principal, los demás dirigentes y sus militantes como una expresión viva de su lucha por derechos denegados. Su lucha debe avergonzar a quienes se resisten a escuchar sus voces que como rutina llegan al Palacio Nacional para pedir pensiones de miseria.Los defendidos de la UTC son personas que dejaron sudor y lágrimas en los campos de caña, y acumularon derechos que el Estado se niega a reconocer plenamente. Son parte de una época durante la cual no había un régimen de garantías para esa gente que vino a trabajar por un miserable jornal.
La UTC está estructurada de una manera diferente. Opera en base a los recursos que aportan los viejos obreros agrícolas que ya consiguieron su pensión de RD$5,117 y tienen conciencia para desprenderse del 6% de lo que reciben. Si atendieran sus reclamos, la UTC dedicaría más horas a la organización de los trabajadores que siguen en los campos. Así no tendría cada semana, cada quincena o cada mes que movilizar a decenas, a veces cientos de viejos trabajadores cansados, hasta las puertas del Palacio Nacional o a las puertas del Ministerio de Hacienda.
El líder de la UTC proclama a voces que “no somos un proyecto económico como son las ONG, que cuando se les acaba el dinero por un tema cogen otro”. Es una organización con raíces en cuatro ingenios activos y representa a 17 mil afiliados en 411 bateyes, 11 mil de los cuales están activos. El resto está en edad de pensión. “Ahora queremos que les den las pensiones a más de 5 mil. Solamente tenemos 4 mil cañeros pensionados por vía nuestra”.
El gobierno debe terminar con eso. Debe recoger los reclamos históricos de esos trabajadores. Determinar con propiedad cuáles continúan acumulando derechos y en cuáles establecimientos se desempeñan. Establecer las responsabilidades de sus patronos y las competencias del Sistema de Seguridad Social, y poner fin a la vergüenza que significa esa pobre gente que dejaron sus vidas en los campos y aún no reciben compensaciones mínimas.
Es una obligación del Estado.
