Aun mes de las elecciones presidenciales y de diputados en el exterior, vemos con pesar cómo se sigue deteriorando la calidad de la campaña electoral y se vacía de contenido el discurso de los actores políticos. Esto está dando espacio a aquellos sectores que históricamente han preferido el denuesto y la descalificación del contrincante como recurso de proselitismo electoral.
Los hechos acontecidos durante las últimas semanas confirman que no fue más que un acto puramente protocolar la firma del “Pacto por una Campaña Electoral basada en Propuestas”, promovido por la Iglesia católica y la Junta Central Electoral. No bien firmado este pacto, conocido también como de civilidad, el tono de la campaña se fue tornando cada vez más ofensivo, sin que hasta el momento se ponga de manifiesto una real voluntad política para cambiar esta situación. Por otro lado, se suponía que la presentación formal de los programas de gobiernos de parte de los dos principales partidos políticos iba a significar un punto de partida para mejorar el nivel del debate, pero como hemos visto, ha sucedido todo lo contrario. Lo grave de esta situación es que no sólo se priva a la ciudadanía de conocer las propuestas de los candidatos para enfrentar los principales problemas del país, sino que este tipo de campaña incita a la violencia física entre los militantes partidarios. Un ejemplo lamentable de esto lo constituyó el incidente violento en una actividad proselitista en la ciudad de Moca.
La larga y cada vez más agresiva campaña electoral está suponiendo un costo muy alto para la sociedad dominicana. Este costo no es sólo económico, sino a su vez institucional. Por un lado, una parte importante de los principales partidos políticos del sistema quedarán muy afectados por serios problemas de división interna y por un profundo deterioro de su institucionalidad. Por otro lado, el lamentable rol que están desempeñando instituciones fundamentales para la democracia dominicana en el marco de estas elecciones, erosionará su legitimidad. El desgaste es tal, que parece que llegaremos sin país a las elecciones de mayo.
Por esta razón, parafraseando un conocido refrán popular, debemos hacer consciencia de que es necesario guardar país para mayo. Tenemos el compromiso de que, independientemente de la polarizada competencia electoral, la institucionalidad política y la estabilidad económica deben ser preservadas por encima de todo. No debemos perder la capacidad de establecer los consensos necesarios para asumir con éxito los retos económicos, sociales e institucionales que se le presentan al país en un escenario internacional adverso.
