El Ministerio de Hacienda elaboró en agosto de 2011 un anteproyecto cuya intención era lograr una ley para organizar el sistema estatal de pensiones de reparto en el país. Sin embargo, la iniciativa murió en el camino, antes que pudiera “cuajar frutos”. Actualmente, en República Dominicana existe un conjunto de instituciones que cuentan con pensiones especiales, que deben ser avaladas por la Superintendencia de Pensiones (Sipen), que deben estar registradas y cumplir con las disposiciones de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
El proyecto de Hacienda buscaba modificar la Ley 379-81, del año 1981, de Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los Funcionarios y Empleados Públicos. En definitiva, se buscaba reagrupar todos los planes de pensiones a cargo del Estado para que pagara todo a través del Ministerio de Hacienda, en algunos casos y de esa forma evitar el manejo discrecional de determinadas instituciones.
La iniciativa de Hacienda, que finalmente no caminó, buscaba algo así como “colocar en un mismo paquete” los planes de pensiones del Poder Legislativo (a través del Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano), el Fondo de Retiro, Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, el de la Junta Central Electoral, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Plan de Pensiones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA) y el de la Policía Nacional (ISSPOL), así como los Planes de Pensiones existentes de las instituciones autónomas descentralizadas y financieras, cuyos financiamientos dependen directamente o indirectamente de los ingresos fiscales consignados anualmente en la Ley de Presupuesto General del Estado. Estos planes manejan sus propios fondos de pensiones.
Antes del ruido
El plan que tenía el Ministerio de Hacienda, de “poner las cosas claras” en materia de pensiones, se produjo un año y un mes antes de que se desatara un escándalo por una pensión que se asignó y luego renunció el exsuperintendente de Bancos, Haivanjoe NG Cortiñas, quien además de seguir cobrando su salario como contralor general de la República (donde fue designado recientemente por el presidente Danilo Medina) pretendía asegurar otros RD$651,000, alegando que tiene 25 años de labores en la administración pública. La intención que tenía el funcionario choca directamente con el artículo 88 que figuraba en el proyecto de regulación que planteó Hacienda. Ese artículo decía: “La aceptación de cualquier pensión otorgada por el Estado mediante un instrumento legal facultado para su concesión, es incompatible con el desempeño de un empleo remunerado en cualquier institución pública, salvo que se renuncie temporalmente a la pensión”.
NG Cortiñas aseguró cuando habló del tema que la SB tiene sus reglamentos que facultan el otorgamiento de ese beneficio.
El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, Rafael –Pepe- Abreu, aseguró ayer que “el proyecto de pensiones que elaboró Hacienda nunca lo presentaron a la opinión pública porque mucha de la gente que dice haberlo visto le encontraba defectos”. La gestión del régimen de pensiones de reparto debía estar bajo la responsabilidad de la Dirección de Jubilaciones y Pensiones, planteaba la pieza.
Una entrega de fondos que encendió la chispa
Una experta en derecho, consultada por elCaribe sobre el tema, ofreció algunas explicaciones sobre los fondos complementarios y los obligatorios, como el caso de la Policía y las Fuerzas Armadas, que tienen planes de pensiones fuera de la Ley 87-01. En el proyecto de Hacienda se buscaba incluir esos dos capítulos para que los pagos se realizaran por la Dirección de Pensiones y Jubilaciones del organismo.
En el esquema de pensiones del país hay planes complentarios, como el de la Superintendencia de Bancos (SB), y planes sustitutivos. A través del esquema de la SB se pensionó al intendente Daris Javier,con RD$437,369; al gerente Luis Montes de Oca, con RD$413,309; al subgerente Atahualpa Domínguez, con RD$317,364; al asesor José Lucrecio Núñez, con RD$270,505, y al director Ramón Antonio Rodríguez, con RD$200,960, entre otros funcionarios, de una forma que ha sido cuestionada. De su lado, el Banco Central tiene un plan de jubilaciones sustitutivo, porque sus empleados, aunque cotizan a través de la Tesorería de la Seguridad Social, cuentan también con un fondo creado, tal como ocurre con los maestros.
