Con la complicidad de una oposición que había perdido toda noción de su papel en una democracia y entreteniendo al país en vanas discusiones sobre el aborto, el entonces presidente Leonel Fernández logró establecer las bases de una dictadura constitucional. El escenario quedó preparado con la aprobación de una Constitución hecha a su medida, que vulnera conquistas ciudadanas inalienables e institucionaliza el derecho de los funcionarios a ser corruptos y le allana el camino a un regreso que le estaba cerrado.
Con la eliminación en el texto constitucional de muchos de los llamados “derechos colectivos y difusos”, aprobados casi a unanimidad por el PLD, la dirigencia de entonces del PRD y el PRSC, los dominicanos perdimos el derecho elemental de lograr “una administración pública honesta y transparente”. Lo cual podría darse en el caso de un expediente del Ministerio Público contra varias figuras públicas influyentes en vista del control del Poder Judicial que esa Constitución le otorgó a una facción del PLD. La honestidad en el ejercicio público podría quedar como un delito constitucional, si los funcionarios quedan sin obligación de rendir cuentas porque el derecho ciudadano a ser informado de sus actuaciones públicas y secretas, le estaría vedado.
Dada la experiencia vivida hasta ahora, sólo estarán obligados a la disciplina partidaria y no tendrán necesidad de actuar con sujeción a los intereses de los electores, para no herir la integridad de los partidos, es decir para no afectar los privilegios que estos se han otorgado a costa de la salud económica y social de la república.
Una obra maestra de traición a los sentimientos nacionales y al derecho legítimo de los dominicanos a poseer una Constitución que garantice y no lesiones sus derechos; el resultado de votar, elección tras elección, por el simple hecho de votar.
