Los incentivos fiscales han generado una especie de sentimientos encontrados. De un lado se les ve como mecanismos para el Estado promover el desarrollo de áreas importantes de la economía y desde otro enfoque se les sitúa como un gasto que limita la capacidad del presupuesto público.Más de una docena de leyes que dan facilidades impositivas totales o parciales conforman una estructura creada mayoritariamente a partir del 2001 y que se suman a otras existentes, para un escenario cuyo monto provoca en ocasiones una retórica ambivalente.
El monto de esas facilidades, que ya forma parte de las estadísticas que se cuantifican en cada proyecto de presupuesto anual, ya ronda el equivalente al 6% del producto interno bruto (PIB).
El Congreso Nacional, o algunos de sus integrantes, parecen reflejar un doble discurso en torno a los incentivos fiscales, después de haberlos aprobado.
En el último acuerdo que el país tuvo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se planteaba como una de las medidas a ser aplicada, la racionalización de las exenciones fiscales.
Los números
Y entre las estadísticas que el Ministerio de Hacienda viene publicando desde hace más de cuatro años en su página electrónica, está el gasto tributario, que es la sumatoria de los recursos que el fisco deja de percibir por concepto de exenciones y exoneraciones impositivas. El Ministerio de Hacienda, desde la época cuando era una Secretaría, define el gasto tributario como el “monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial que se aparta del establecido en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar a determinadas zonas o contribuyentes”.
El monto correspondiente a este año, unos RD$118,000 millones, ha sido citado por al menos un senador y un diputado como señal de que debe producirse una revisión de los incentivos fiscales.
El monto está compuesto por varios conceptos, pero cerca del 65% del monto total está formado por exenciones en el ITBIS, con un monto aproximado de RD$70,000 millones al año. Algunas de las propuestas de reforma fiscal que se han hecho sugieren la ampliación de la base de ese impuesto y la reducción de la tasa.
En el universo del gasto tributario se incluye las facilidades que se otorgan a las zonas francas, que antes de la Ley que grava con 2.5% las ventas locales que hacen las empresas de ese sector, representaban el 0.32% del gasto, con un monto cercano a los RD$6,000 millones. El Turismo y la Ley de Desarrollo Fronterizo, participan con 0.12 y 0.15% del gasto tributario, mientras que el sector industrial, por concepto de la Ley 392-07, participa con un 0.16%.
Algunas voces, como la del director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, plantean, desde el ámbito oficial, asumir una actitud de prudencia en torno al tema, al entender que hay incentivos que son necesarios.
También el director del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) ha intervenido en el debate, planteando la importancia de algunas legislaciones de incentivos, como la Ley sobre Competitividad e Innovación Industrial, la número 392-07, promulgada el 4 de noviembre del 2007, como un instrumento para hacer más competitivo a los sectores productivos. Esa legislación fue fruto de un amplio consenso entre autoridades y empresarios.
El debate sobre la eliminación o reducción de los incentivos fiscales ha surgido como reacción a posibles modificaciones al sistema impositivo, como forma de dotar al Gobierno de los recursos necesarios para enfrentar el elevado déficit fiscal que lo afecta, el cual supera la meta de 2% del PIB. El monto de los incentivos y facilidades que concede el Gobierno representa cerca del 6% del PIB.
“La República Dominicana cuenta con un conjunto de leyes destinadas a fomentar la inversión privada en sectores en los cuales existen buenas oportunidades de negocios para inversionistas nacionales y extranjeros. Una de las formas en que la República Dominicana incentiva la inversión en determinadas áreas de la economía o regiones geográficas del país es el otorgamiento de incentivos fiscales, es decir, la posibilidad de exonerar al inversionista la obligación de pagar tributos al Estado por todo o parte de las actividades y beneficios que se derivan de la inversión”, dice una Guía de incentivos fiscales en la República Dominicana”, publicada en marzo de este año por la oficina de abogados Ulises Cabrera. La publicación está en idioma español y en inglés, en el mismo compendio.
Guía recoge las principales leyes
El compendio de la firma Ulises Cabrera y Asociados cita la Ley 8-90, sobre fomento de zonas francas de exportación, con una exención del 100% de aranceles, de los impuestos de patentes, sobre activos o patrimonio;la 28-01, que crea una zona franca especial de desarrollo fronterizo; la número 158-01, de Fomento al Desarrollo Turístico, que beneficia con exenciones tanro a proyectos como a inversiones con hasta un 20% de las utilidades anuales de las empresas desarrolladoras; la Ley 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial, que contempla el traslado del cobro del ITBIS a las importaciones materias primas de las empresas acogidas, de la Dirección General de Aduanas a la Dirección General de Impuestos Internos ; y la Ley 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables, la cual contempla exenciones por 10 años y porcentajes de entre 5 y 100% de los impuestos correspondientes.
