Esta semana, la Comisión Especial responsable de investigar la situación interna de la Junta Central Electoral (JCE) presentó su informe ante el pleno de la Cámara de Diputados, el cual fue aprobado por una clara mayoría. Fue muy positivo el hecho de que estas instancias no hayan cedido a la presión de diversos sectores que acariciaban la irresponsable idea de que se llevara a cabo un juicio político, con el propósito de que fueran expulsados algunos miembros del organismo electoral cuyo único pecado ha sido el de tener una opinión propia.
En el informe de la Comisión se destacaron seis grandes temas, identificados como las causas que generaron la controversia al interior del órgano electoral. Entre estos temas se encuentran el registro de los hijos de extranjeros, los centros de servicios en el exterior, las contribuciones que cobra la JCE y la licitación de la nueva Cédula de Identidad y Electoral.
Sin embargo, quedó fuera el tema de mayor relevancia y que explica gran parte de la situación por la que atraviesa la JCE, como lo es la manera centralizada, autoritaria y poco transparente en que se gestiona este órgano.
Otra debilidad del informe, fue la superficialidad con la que se trató el caso de la gran cantidad de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, que bajo el alegato de ser hijos de extranjeros no residentes, se les niega en los hechos sus documentos de identidad.
Esta realidad no se puede ocultar y seguirá trayendo serios problemas para el país en caso de que persista dicha violación. Es correcta la recomendación de que se cree una comisión multidisciplinaria para avanzar en la solución de este problema.
Son dos los puntos de mayor relevancia del informe. Según la comisión de investigación, es “injusto, inapropiado y carente de la más mínima sensibilidad social el incremento de las tasas a los servicios que brinda la JCE”, pues esto dificulta el acceso de los ciudadanos al Registro Civil y a la cedulación y por lo tanto, limita el ejercicio de sus derechos fundamentales. La Comisión recomienda que se modifique esta situación, volviendo a las tarifas del año 2007.
Por otro lado, se reconoce la necesidad de dotar de nuevas cédulas de identidad y electoral a la población, pero la Comisión entendió que esto no es urgente, debido a que el país tiene mayores prioridades en términos de asignación e inversión presupuestaria. En tal sentido, la nueva cédula de identidad no debe financiarse con otras fuentes que no sean las partidas consignadas en el presupuesto para tales fines.
