El mandatario venezolano Nicolás Maduro ordenó el cierre del principal cruce fronterizo en el estado más grande de Venezuela el lunes por la noche como parte de una ofensiva de dos semanas para combatir el contrabando. La medida ha generado apuros en los albergues y en los grupos defensores de los derechos humanos en Colombia, a los que se les dificulta atender a los miles de migrantes que han huido de sus viviendas en Venezuela

Hasta ahora, la iniciativa se había centrado en el estado Táchira, ubicado al otro lado de la frontera de Cúcuta, una enorme ciudad en Colombia que durante largo tiempo ha aprovechado el contrabando de combustible, alimentos y otros bienes adquiridos en Venezuela a precios subsidiados muy baratos.

Al trasladar su enfoque hacia el norte al estado Zulia, Maduro está acercándose hacia un centro económico más crucial alrededor de la metrópolis petrolera de Maracaibo, la segunda ciudad más grande de Venezuela.

Una larga fila de automóviles aguardaba una oportunidad para cruzar un retén fronterizo bloqueado mientras soldados aburridos cargaban las baterías de sus teléfonos y observaban un partido de fútbol.

El chofer de autobús venezolano Héctor Medina dijo que había pasado el caluroso día varado en el lado colombiano de la frontera, mientras que sus pasajeros habían probado suerte cruzándola a pie.

«Llevo 14 horas aquí varado. No se puede cerrar una frontera de repente y dejar a todo el mundo bloqueado», afirmó. «La gente que transportaba pasó caminando la frontera para intentar llegar a sus casas. En cambio, yo me tengo que quedar vigilando el autobús sin saber cuántos días tendré que estar aquí».

En un período de dos semanas, Maduro ha cerrado seis cruces fronterizos y ha deportado a unos 1.500 colombianos que carecen de estatus legal, culpándolos de un incremento en la delincuencia y el contrabando a lo largo de la frontera occidental de Venezuela.

Casi 20.000 colombianos más, algunos de los cuales vivían en territorio venezolano desde hace años, han regresado voluntariamente a su país por el temor a sufrir represalias, a medida que se extienden reportes de que las fuerzas de seguridad están expulsando a los inmigrantes y han marcado sus viviendas para que sean demolidas.

La oleada de personas que regresan ha abrumado a los albergues de emergencia, por lo que Colombia advirtió que se avecina una crisis humanitaria.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo el martes que no caerá en provocaciones, y sostuvo que «cuando nos atacan lo que hacemos es reafirmar nuestros principios y nuestros valores».

Maduro también podría enfrentar resistencia de cientos de miles de indígenas wayú establecidos a ambos lados de la frontera que no reconocen la división internacional. Desde hace mucho tiempo esa tribu ha dominado la vida económica en la aislada península de Guajira, compartida por ambos países en el extremo norte de Sudamérica, y participa ampliamente en el contrabando, el cual no considera un acto ilícito.

Las autoridades venezolanas dicen que respetarán el tradicional estilo nómada de los wayú e incrementarán los programas de becas educativas, incluso en momentos en que 3.000 soldados adicionales son desplegados en Zulia.

El vicepresidente Jorge Arreaza dijo que ellos son los señores de sus tierras y se les permitirá moverse de un lado a otro de la frontera, pero no con contrabando.

Sin embargo, algunos miembros de esa comunidad indígena dijeron que les habían impedido el paso en los retenes y que tendrían que tratar de cruzar la frontera subrepticiamente. Los líderes ya estaban denunciando públicamente el cierre el martes por la tarde.

«Amanecimos hoy demasiado tristes por el cierre y el estado de excepción. Creo que esto no es lo que nosotros merecemos, porque nosotros lo único que hacemos es cuidar nuestro territorio», indicó a The Associated Press Ricardo Fernández, integrante de los wayú y defensor de los derechos, que precisó que el consejo de ancianos decide las acciones que tomará la colectividad integrada por más de 300.000 indígenas.

Maduro dijo que podría haber más cierres de cruces fronterizos en los próximos días. En ese mismo discurso, se ofreció a recibir a 20.000 refugiados de la guerra civil en Siria.

En los últimos días Colombia ha incrementado su campaña diplomática contra la ofensiva en la frontera.

La canciller María Ángela Holguín se reunió el lunes en Ginebra con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas con el fin de denunciar lo que dijo es una campaña deliberada para hacer que los colombianos sean los chivos expiatorios de los profundos problemas económicos de Venezuela, que incluyen una escasez generalizada de muchos productos y una inflación de tres dígitos.

El miércoles viajará a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, que la semana pasada conversó con Maduro en China acerca de la crisis con Colombia.

Maduro dice ser blanco de los conservadores en Colombia respaldados por Estados Unidos, los cuales afirma están decididos a derrocar a su gobierno socialista mientras al mismo tiempo se hacen de la vista gorda a décadas de violencia en territorio colombiano causada por móviles políticos y de narcotráfico que han hecho de Venezuela un paraíso para muchos de los pobres del país vecino.

Repitió la oferta para entrevistarse con Santos y acabar así con la crisis.

El cierre de la frontera en Zulia tuvo cuando menos un efecto económico inmediato: el precio de la gasolina prácticamente se duplicó de la noche a la mañana. Este combustible es casi gratuito en Venezuela, y los contrabandistas surten ampliamente a los poblados fronterizos colombianos.

Los efectos sociales que el cierre de la frontera ha tenido sobre los aproximadamente cinco millones de colombianos que viven en Venezuela son más sutiles, pero también podrían ser más duraderos.

Luis Fernando Mondragón, de 51 años, caminó una hora y media el martes a través de un sendero rudimentario para llegar al lado colombiano de la frontera, llevando consigo todas su pertenencias. Había estado viviendo en San Cristóbal, pero dijo que la discriminación contra los colombianos se ha vuelto intolerable.

«Era insoportable estar allí, nos han metido miedo y ya no quiero seguir viviendo allí», afirmó. «Me regreso a mi tierra, a Manizales, a recoger café y olvidar todo esto».