La audiencia para conocer medida de coerción estaba programada para iniciar a las 5:00 de la tarde, pero los abogados de la defensa llegaron con tres horas de retraso. El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, recesó hasta las 2:00 de la tarde de este jueves la medida de coerción en el caso que se sigue contra José Ángel Gómez Canaán (Jochi), acusado de robo de identidad y acceso ilícito de al menos 44 cuentas de correo electrónico.
La audiencia se prolongó por más de cuatro horas y pasadas las 12:00 de la medianoche el magistrado dispuso un receso para continuar hoy con la lectura del expediente compuesto por más de 600 páginas.
El magistrado tomó la decisión para analizar la documentación presentada por las partes. Según dijo, en la audiencia de hoy solo se limitará a dictar la medida de coerción que podría ser prisión preventiva o la puesta en libertad bajo el pago de una garantía económica, así como presentación periódica.
Los abogados de la defensa, integrada por Carlos Balcácer y Carlos Olivares, pidieron que se prescinda de toda medida de coerción y se le dé la libertad pura y simple. Pero en caso de que se disponga algún tipo de coerción, que ésta consista en presentación periódica por ante el tribunal. Mientras que el Ministerio Público, representado por Germán Vásquez Sosa y Manuel Romero, solicitó prisión preventiva por presunción de peligro de fuga.
Cronología del caso
El pasado lunes el Tribunal de Atención Permanente rechazó el recurso de hábeas corpus interpuesto por Jochi, a través de sus abogados, que alegaban que su prisión era irregular. Pero la magistrada Katia Pérez Santana consideró que la prisión no era ilegal. Al día siguiente los jueces de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, rechazaron la solicitud de recusación contra el juez Vargas, interpuesto por los abogados del imputado.
Gómez Canaán está acusado de robo de identidad y acceso ilícito a cuentas de correo electrónico de funcionarios, diplomáticos, políticos, empresarios y comunicadores, para supuestamente obtener informaciones personales que posteriormente utilizaba para “chantajear”.
