RÍO DE JANEIRO. El máximo tribunal de Brasil comenzó ayer las audiencias por un caso relacionado con un ardid de compra de votos.A pesar de sacar a relucir los detalles de lo que algunos califican como el caso de corrupción política más grande en la historia de Brasil, el juicio en el Tribunal Supremo también está siendo aclamado como una señal de buena salud política en un país donde el servicio público ha estado marcado desde hace mucho tiempo por la corrupción y cierto grado de impunidad.
El principal acusado es José Dirceu, quien fue jefe de gabinete del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario dejó el cargo con una aprobación del 87%. El proceso judicial también involucra a otros 37 miembros del gobernante Partido de los Trabajadores y del gobierno anterior. Lula no está acusado de ningún delito.
Red de sobornos
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Ayres Britto, declaró abierta la sesión e inmediatamente leyó uno a uno los nombres de todos los acusados de este caso, que trata sobre una supuesta red de sobornos a parlamentarios y financiación ilegal de campañas políticas.
Tras esa lectura, el abogado Marcio Thomas Bastos, defensor de algunos de los acusados y ministro de Justicia durante el Gobierno de Lula, pidió la palabra para solicitar al tribunal que juzgara a cada uno de ellos en forma individual y no en grupo, como se propone el Supremo, lo cual comenzó a ser debatido por los jueces.
Esa petición de Bastos generó la primera gran polémica de este proceso, ya que el juez instructor, Joaquim Barbosa, la desestimó de plano al afirmar que el asunto ya había sido “discutido y decidido”.
Entre los acusados hay miembros del Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenecen Lula y la actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y de otras formaciones de la actual coalición de Gobierno.
