Una de las tareas pendientes del Estado dominicano, es la de llevar a cabo una política fiscal que contribuya con una mayor equidad en la distribución del ingreso. Esta es la única manera de superar la pobreza y la profunda desigualdad económica y social que nos caracteriza. Es necesario constituir un Estado en capacidad de asumir, sin excusas, su rol principal de traducir el crecimiento económico en mejores condiciones de vida para la gente. Según la CEPAL, se requiere una reforma de la fiscalidad que “avance en la progresividad, mejore la eficiencia del gasto público y garantice la equidad”.
Lo anterior no es posible sin un pacto fiscal entre la ciudadanía y el Estado. Teniendo en cuenta esto, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 plantea la necesidad de un pacto entre las distintas fuerzas políticas, económicas y sociales, con el propósito de promover el desarrollo sostenible. Este pacto deberá estar orientado, entre otros aspectos, a elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público. Esta es una de las reformas de mayor relevancia en el Estado y la que tendría mayor impacto en la vida cotidiana de la gente, por lo que se requiere del más amplio consenso entre los distintos sectores del país.
El problema es que esta reforma se debate en un contexto de profunda desconfianza entre el Estado y la ciudadanía. Desconfianza generada por años de esperanzas frustradas, en que la población ha visto pasar distintos gobiernos que demandan nuevos ingresos fiscales, pero que han sido incapaces de administrar eficientemente estos recursos. Todo lo contrario, el dinero del contribuyente solo ha servido para el despilfarro, la corrupción y la inversión en obras no prioritarias que han sustentado proyectos políticos continuistas. El consenso social hacia una reforma fiscal integral, de mediano y largo plazo, debe partir de una serie de medidas que contribuyan a reconstruir la credibilidad perdida.
Presentada la primera propuesta gubernamental para el diálogo, en el marco del Consejo Económico y Social, se requiere avanzar en dos direcciones. Una referida a la más absoluta transparencia respecto a las informaciones financieras y los datos económicos del Estado, para hacer posible un debate sustentado en bases reales. En segundo lugar, una mayor claridad sobre el conjunto de medidas que tomará el Gobierno para racionalizar y mejorar la calidad de gasto público. Por ejemplo, además de las medidas anunciadas, está pendiente regular las pensiones y reformar la macro-estructura del Estado, eliminando las duplicidades entre instituciones públicas. Sólo así se logrará la legitimidad necesaria para impulsar la reforma fiscal.
