El país está atormentado por la violencia de los asaltantes y rateros callejeros. Sufre también la violencia del narcotráfico. Igual padece la población con las riñas que devienen en muertes, que es la violencia ahora denominada “social” y la violencia que ejerce la policía cada vez que se arroga el derecho de matar a un delincuente. Toda esa violencia es lo que caracteriza el cuadro de inseguridad ciudadana.
Ahora, se pretende agregar otra causa de violencia. Es la vía reivindicativa de derechos políticos mediante vías violentas, sea la acción “de masas” o mediante actos terroristas. Bombas incendiarias de fabricación casera contra un aspirante a senador del PRM, en El Factor de Nagua; tiroteo contra el vehículo del senador oficialista Amílcar Romero en San Francisco de Macorís; barricadas, quemas de gomas y disturbios en torno a la junta municipal electoral de Nagua; presiones sobre las juntas municipales de Pedro Brand, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este; piquete contra la Junta Central Electoral en el Distrito Nacional y hasta un atentado contra un proyecto piscícola colectivo de mujeres pobres en La Bombita, Jaquimeyes, Barahona.
Se protesta para reclamar derechos electorales y triunfos, pero no se tiene noticias sobre procesos previstos en la ley contra los resultados electorales, sea mediante la impugnación al término de las votaciones durante el 15 de mayo o después, a través de los recursos que provee la ley ante las juntas municipales o ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Pareciera que se prefiere la acción directa o el recurso de “las masas” a las vías legales. Asimismo, se reclama un reconteo total o de lo contrario se proclamaría la ilegitimidad de todos los resultados.
Hay que imaginar que se está muy consciente de lo que se busca, pero podría perderse de vista que la violencia se torna ciega. Al principio puede focalizarse contra determinados objetivos, pero al final se generaliza, no discrimina.
Los actores políticos deben entender que las vías para reclamar los derechos conquistados están previstas en la ley y la misma provee los medios y los recursos. La otra vía es riesgosa y podría resultar frustratoria. Están a tiempo para descubrir hasta dónde llegar.
