Los delincuentes, esos desalmados que asaltan, que utilizan la violencia, y asesinan a sus víctimas, nos tienen hasta el cuello, temerosos y hartos.
La población está llena de impotencia, a veces hasta de odio, de dolor, especialmente las víctimas directas y las potenciales.
Y la verdad es que no sabemos qué hacer, porque las autoridades están vencidas, y en ese ánimo llega toda clase de pensamientos.
Pero vivimos en una sociedad civilizada, aunque los criminales impongan su ley, peor que la de la selva. En esta sociedad la vida sigue siendo un derecho, el más esencial, aunque los criminales no nos dejen vivir.
Tampoco podemos hacernos justicia por nuestras propias manos. La ley lo prohíbe, pero el grado de irritación nos hace pensar en las respuestas más extremas.
Corresponde a las autoridades imponer la ley y el orden. Son ellas las garantes.
Lamentablemente, con frecuencia multiplican el desorden y violan la ley.
Ahora hemos llegado a un escenario inédito. Algunos ilustres diputados, las gentes de las luces, los creadores de la Constitución, también irritados, se van a los límites y le recomiendan a la Policía que mate a los delincuentes, que “les dé para bajo”, en el gráfico lenguaje popular, y que lo hagan especialmente previendo que los medios no los vean.
Le conceden carta de corso para que ejecuten a los criminales, sin que ellos mismos se percaten que son garantes del derecho a la vida y que la pena de muerte no existe en el país. Si existiera, no correspondería a la Policía aplicarla, sino a los tribunales.
Es verdad que el país está de patitas para arriba, pero ese estado no nos puede conducir a pensar de esa manera.
Pese al dolor que nos causan los delincuentes, con toda la impotencia y la rabia, tenemos que contenernos. Sujetarnos a las normas humanas, resistir, hasta que impere la ley y el orden.
Al final, quizás se imponga la voluntad de Dios.
