Miles de residentes del ensanche Isabelita viven en vilo. Se debaten entre la tranquilidad de tener una vivienda y el miedo a perderla; entre la zozobra de amanecer en vela cuidándola y una sensación latente de inquietud.Esta es la situación por la que atraviesan alrededor de tres mil familias de la barriada ubicada en el municipio Santo Domingo Este, cuyos representantes se manifestaron ayer frente al Palacio Nacional para pedir al presidente Danilo Medina que intervenga ante la pretensión de desalojo de una compañía denominada Provelco que -denunciaron- quiere sacarlos de los terrenos que ocupan desde hace más de 30 y 40 años, argumentando que son de su propiedad y no del Estado dominicano.
Revelaron que la referida compañía está representada por William Jiménez, un supuesto sobrino de un exsecretario de las Fuerzas Armadas. “Hay manos poderosas detrás de la situación”, dijo un afectado que pidió reserva de su nombre.
En el 1974 el presidente de entonces, Joaquín Balaguer, declaró de utilidad pública esas tierras mediante el decreto 90-74, aseguró Carlos Pérez, presidente de una de las juntas de vecinos de la zona. Afirmó que en aquel tiempo recibieron en Bienes Nacionales una especie de documento al que llamaban cintillo que los acreditaba como dueños de las parcelas.
Dominga Soto, también afectada, afirmó que permanentemente los representantes de la empresa los hostigan, enviándoles notificaciones para llevar a cabo el desalojo, situación que los mantiene en vilo. Contó que han tenido que levantarse a velar sus casas, que han quemado neumáticos y protestado para hacerse sentir y evitar que derriben sus hogares.
“No nos vamos a dejar desalojar, vamos a luchar con todo”, dijo. Una comisión, encabezada por el regidor Robert Arias, fue recibida en Palacio, donde entregaron una carta explicándole la situación al Presidente.
El caso fue llevado al Tribunal de Tierras
Demetrio Liranzo, otro de los afectados, informó que la referida compañía amenaza con echarlos del lugar, basándose en unos títulos de propiedad “falsos”. Indicó que por esa razón hace seis meses llevaron el caso al Tribunal de Tierras, pero que temen que el fallo, aún pendiente, no sea satisfactorio para ellos “porque hay sectores poderosos interesados en esas tierras”.
