En nuestro país aprobamos reformas sin verdadera intención de cumplirlas por lo que la mayoría de las mismas quedan truncas o se revierten como aconteció con la reforma del sector eléctrico realizada en el primer gobierno del PLD, que sufrió una contrarreforma en el año 2003 a finales del gobierno del PRD y a partir de ahí se han sucedido tres administraciones peledeístas que han mantenido y extendido dicha situación. Esa es la razón por la que seguimos con un sistema eléctrico poco confiable y sin atraer las necesarias inversiones en generación, que de no iniciar en el corto plazo nos colocarán en una situación de carestía que probablemente provocará decisiones urgentes que nos sumirían en un abismo mayor.
Todos los sectores que participaron en la discusión de la Ley No. 1-12 del 26 de enero de 2012, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, insistieron en la necesidad de un pacto para la reforma eléctrica, así como se estableció para la reforma educativa y la fiscal; los que deben darse en el Consejo Económico y Social.
Tanto urgía la reforma eléctrica que se estableció incluso un plazo para llegar al pacto. En efecto el artículo 35 establece que: “…en un plazo no mayor de 1 (un) año, las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico…”. A apenas días de que se venza dicho plazo, ni siquiera se ha iniciado la discusión tendente a arribar a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico. Por eso causa preocupación que en declaraciones publicadas en la prensa se diga que el gobierno y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) están arribando “a un acuerdo para renegociar los contratos eléctricos, el cual sería firmado antes de finalizar enero”.
El tema eléctrico es fundamental, no solo porque es una retranca para el desarrollo del país y su competitividad, sino también porque nos afecta a todos. Hemos sufrido las consecuencias de malas decisiones tomadas con fines políticos y por eso nos encontramos empantanados en una situación, que por más vueltas que se le dé solo tendrá solución cuando la racionalidad económica, y no la política, sea la que decida.
Cualquier acuerdo en el sector debe gozar de niveles de transparencia y legalidad. Más aún, cumpliendo con el mandato de la Ley 1-12 debería estar precedido por un pacto sobre la reforma eléctrica, pues de lo contrario el pacto eléctrico se convertiría en inútil, si todo lo que tendría que prever ya estaría limitado por lo decidido en acuerdos previos.
Nuestra eterna crisis eléctrica tiene como causa principal la falta de cumplimiento con la ley. Si de verdad queremos buscar soluciones no podemos seguir al margen de la ley y por eso debe cumplirse con el mandato de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto para solucionar la crisis estructural del sector eléctrico, aunque tengamos un año de retraso. De lo contrario seguiremos sumando acuerdos funestos que castrarán toda posibilidad de solución.
