Hay aspectos jurídicos donde es imposible lograr unanimidad. Son los que implican pasiones, negocios, visiones morales, ideologías y fanatismos, que de una u otra forma sobrepasan lo legal. Por ejemplo, los casos del aborto y de la pena de muerte han dividido sociedades, donde cada parte ha defendido su postura con fervor, y en algunos casos hasta con violencia. Por ello no me extrañan las reacciones con relación al fallo de nuestro Tribunal Constitucional, donde, entre otros puntos, señala que a los hijos de padres extranjeros ilegales y de tránsito nacidos en nuestro país, no les corresponde la nacionalidad dominicana, porque “resulta jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho”.
Alguien me preguntó al respecto, pues el tema está que arde y, además, sabía que el derecho constitucional me encanta. Inicié refiriéndome a la composición del Tribunal Constitucional, asegurándole que estaba integrado por abogados conocedores de la materia y con un alto sentido del deber, independientemente de que estuviéramos o no de acuerdo con sus decisiones. En consecuencia, proseguí, lo que determinó lo hizo con criterios jurídicos razonables, y, además, en el fondo tomó en cuenta lo que consideraba el interés nacional. Le resalté que había aspectos que todavía se debían aclarar, como la irretroactividad de la ley.
Pero, le dije al amigo, que esa decisión podía perderse en el tiempo, pues para su ejecución o puesta en práctica, se necesitaba tomar más en cuenta las cuestiones políticas, sociales y económicas que las meramente jurídicas. Aquí tuve que explicarme mejor.
Le manifesté que para su ejecución o puesta en práctica todo dependería de múltiples circunstancias que podrían variar de un momento a otro, o de situaciones que nunca se producirán, o de buenas voluntades sin poder, o de malas voluntades con poder, o de presiones sanas y perversas internas y externas, o de coyunturas electorales, o de beneficios económicos para algunos grupos, o de organizaciones eternamente opositoras, o de frustrados nacionalistas, o de imberbes liberales, o de cuestiones de seguridad nacional, o de puntos relacionados con la geopolítica y sus implicaciones, y todo esto es inestable, impredecible.
Le indiqué que eso no se limitaba a nuestro país, porque lo que sucediera en Haití y en otras naciones nos afectaría, al igual que lo que determinarían ciertos organismos internacionales que hasta podrían condenarnos y pretender desacreditarnos; estaríamos a merced de intereses foráneos, que incluso podrían intentar imponernos sus soluciones.
Mi amigo quedó pensativo, yo también, ambos preocupados por las posibles consecuencias de la memorable sentencia del Tribunal Constitucional.
