Cada año vemos cómo tantas personas mueren en accidentes de tránsito. Hemos planteado que este tipo de accidentes son una epidemia, por las muertes, los heridos, las secuelas humanas, sociales y económicas, para las familias, el Estado y los contribuyentes en general.
Es una verdadera tragedia a la cual debe dedicársele la atención debida, sobre todo porque la mayoría de los accidentes están asociados a la pobre formación ciudadana.
Otra vez República Dominicana aparece en rojo en el informe anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre seguridad vial. De acuerdo con la revelación de este año, seguimos entre los países de América Latina y el mundo con tasa de 20 o más muertes por cada 100,000 habitantes (29.3), junto a Brasil (23.4), Bolivia (23.2), El Salvador (21.1), Paraguay (20.7) y Ecuador (20.1), en América Latina.
Sin embargo, hemos mejorado, aunque no vamos como debe ser. Mejoramos porque en 2013 República Dominicana apareció en ese mismo informe como el segundo país de los 182 miembros de las Naciones Unidas con más muertes de tránsito por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 41.7, solamente antecedida por la isla Niue -en el Pacífico- que tenía 68.3. Superábamos la media en América que era de 16.1. El informe de este año precisa que el 63% de los accidentes mortales en el país son usuarios de vehículos (motores de dos y tres ruedas).
Aunque la OMS maneja información con algún retraso, hay que observar que 2013 y 2014 corrieron casi parejos en el país. El 2014 terminó con cerca de 2,000 fallecidos y 2013 prácticamente igual, 1,922 víctimas fatales.
Los datos que estamos conociendo ahora nos obligan a insistir en que las personas deben ser concienciadas sobre este problema. El propio gobierno debe entenderlo. Varios ministerios pueden hacer contribuciones: Educación, Salud Pública, Interior y Policía y la Procuraduría General de la República. Es una cuestión de políticas públicas.
Este cuadro negativo se puede modificar. Depende mucho de las autoridades y de la ciudadanía, que debe modificar hábitos de conducta y de consumo que no son compatibles con la conducción de vehículos de motor.
