La divulgación del Análisis de la Situación de la Infancia y la Adolescencia en el país al 2012, nos sugiere algunos progresos, ya que “niños, niñas y adolescentes viven hoy en mejores condiciones que hace diez años”, pero las “desigualdades subsisten y en algunos casos aumentan”.
Los padecimientos de la población infantil, un segmento tan especial, obviamente están vinculados a las precariedades de sus progenitores, en todos los sentidos. Y es la que más sufre.
El documento patrocinado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Unicef y Conani presenta el panorama de la niñez, sus disminuidos derechos, pobreza, amenazas como la violencia, el abuso, la explotación y el abandono. Los grandes retos que deben ser alcanzados para mejorar el mañana de tantos dominicanos.
En todo ese panorama, hay un aspecto que a veces se maneja desde una perspectiva marginal, pero que nos parece tan fundamental y simple a la vez, porque puede ser remediado fácilmente, y sin embargo, en el siglo XXI, continuamos arrastrándolo, sin dolor.
Hablamos de la población no registrada, en desmedro de un derecho constitucional como el de la identidad. Los indocumentados en su propio país.
El análisis-informe recoge datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2009-2010), según la cual el 20.8% de los niños y niñas de 0 a 5 años de edad que viven en República Dominicana no tienen registro de nacimiento. De esos, el 39.2% son pobres. La pobreza se torna dramática cada vez que empieza excluyendo el elemental derecho al nombre y desde ahí, a la marginación total.
¿Las causas? Múltiples. Envuelven al Estado y sus instituciones, y como dice el estudio, el “descuido del padre y la madre”. La principal, la pobreza, que empuja a la ignorancia y la marginalidad. Y así, de generación en generación, familias enteras indocumentadas.
Y pensar que el 98% de los partos ocurren en centros médicos y que en el 53% de los hospitales públicos hay un centro de registro de la JCE. ¿Qué nos sugiere esto? Combinación de ignorancia y débiles políticas públicas vinculantes, desde el mismo centro de salud.
