El proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que busca sustituir a la desfasada Ley 241 pronto cumplirá tres años en el Congreso Nacional.
La iniciativa, que pretende poner fin al caos en el transporte público, unificar las instituciones del sector y garantizar la seguridad vial, fue sometida al hemiciclo el 17 de agosto de 2011 y desde entonces ha sido reintroducida dos veces y devuelta a la Comisión permanente de Justicia de la Cámara de Diputados.
El congresista Tobías Crespo, autor del nuevo código legal, expresó su confianza en que esta vez la pieza consiga el voto favorable de sus colegas y siga su curso al Senado de la República.
Más de 30 instituciones han sido consultadas
Durante este tiempo, más de 30 instituciones involucradas con el tema han desfilado por el Congreso presentando sus propuestas a la Comisión permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, que en estos momentos trabajan en la elaboración del informe final para someterlo al hemiciclo antes de que concluya la Legislatura.
La Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet), la Oficina para el Reordenamiento del Tránsito (Opret), el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (Fondet), la Oficina de Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa), son algunas de las instituciones que han acudido por parte del sector oficial.
También han sido escuchadas las propuestas del sector empresarial representado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD), la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradores (Cadoar), la Asociación Nacional de Distribuidores de Vehículos (Anadive) y la Asociación de Concesionarios y Fabricantes de Vehículos (Acofave).
Por los transportistas acudieron la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), el Movimiento Choferil del Transporte (Mochotran) y las federaciones de motoconchistas.
Una ley amplia
Los escollos que ha encontrado la normativa se atribuyen a su amplitud, ya que incorpora en una misma ley aspectos relativos a cuatro sectores (Tránsito, Transporte, Movilidad y Seguridad Vial).
“Aparte de que es un proyecto complejo que abarca muchas áreas, interactúa con muchos intereses, entonces hay que armonizar con los intereses que están creados y que se apruebe un proyecto que beneficie a la mayoría, no a un sector en particular. La idea es afectar en lo mínimo a los sectores involucrados”, afirma Tobías Crespo.
El proyecto contempla la unificación de las instituciones que por décadas han incidido en el tema de manera atomizada y caótica en el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana (Instran). Dicha entidad, adscrita al Ministerio de Obras Públicas.
“Aquí no habrá choques, ni límites, ni suplantación, ni dualidad de funciones. Ahora mismo hay cinco instituciones encargadas de educación vial y la pregunta es: ¿qué están educando?, cuestiona.
Con la nueva normativa el Estado retomaría el control de las rutas de transporte que hasta el momento operan los distintos sindicatos. La ley establece que las rutas son propiedad del Estado, el cual debe velar por su construcción, mantenimiento y operación. En caso de que no pueda operarlas, las concesionará a los transportistas o a terceros a través de un contrato con unos perfiles de servicio que si no se cumplen se suspenden y reasignan.
“El transporte es un servicio público de personas y cargas. El Estado tiene que retomar el control que ha perdido”, asegura Crespo, quien afirma que el tema de las tarifas ha sido uno de los puntos más conflictivos de la ley.
Dentro de los aspectos más novedosos y positivos de la ley figura la introducción de la asignatura de Educación Vial en las escuelas públicas y colegios, desde el nivel inicial hasta el bachillerato. También sería conformado un Observatorio Permanente de la Seguridad Vial, encargado de trazar las políticas públicas para reducir los accidentes.
Apuesta a la tecnología para imponer multas
La nueva ley apuesta a la tecnología para la imposición y cobro de las multas, el seguimiento a las flotas del transporte y la unificación del pago del pasaje mediante tarjetas electrónicas como las usadas en el Metro. El proyecto establece que quien no pague las multas no se le renovará la licencia, ni se le cambiará de categoría. Tampoco se le renovará la placa, ni podrá sacar la póliza de seguro, ni la revista ,“es decir, todos los documentos del sector se amarran para que obligue a los ciudadanos a pagar la multa, que ahora lo va a pensar mil veces para violar la ley porque le pesa en el bolsillo”, afirma el diputado. Actualmente el Estado pierde alrededor de RD$2 mil millones por multas sin cobrar. Estos fondos serían usados en campañas de prevención de accidentes y educación vial.
Opinión
Diputado Tobías Crespo
Autor de la ley
El diputado afirma que también entrará en vigencia la licencia de conducir por puntos, que consiste en otorgar 20 puntos al conductor y a medida que comete infracciones, se van restando, hasta llegar a cero, momento en el que se retiraría la licencia.
