El presidente Danilo Medina creó mediante el decreto No. 158-14, la mesa de competitividad, encabezada por él, con la presunta finalidad de mejorar el clima de negocios en el país y en respuesta a las calificaciones que República Dominicana recibió en el más reciente reporte “Doing Business” del Banco Mundial.
Aunque resulta entendible que con el reporte en mano y la presión de algunos sectores pudiese el Presidente dejarse convencer rápido de sus funcionarios para firmar este decreto, lo cierto es que resulta innecesario ya que contamos desde el 2001 con un Consejo Nacional de Competitividad y una ley No. 1-06 que lo ratifica y refuerza, y si se necesitan nuevas acciones para mejorar el clima de negocios en el país esta es la entidad natural idónea para planearlas y ejecutarlas.
Lo curioso es que la mayor propaganda a este decreto la está haciendo justamente el Ministerio que copreside la mesa y que debió hace tiempo convocar el Consejo Nacional de Competitividad y no lo hace desde hace 9 años: el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y en la nota de prensa enviada a los medios de comunicación por dicho Ministerio, se establece que una de las funciones de la mesa es “velar por la ejecución y fiel cumplimiento de las propuestas de reformas acordadas en este ámbito” y proponer al presidente de la República las “acciones correctivas para superar los obstáculos y las dificultades que pudieran surgir en el proceso”, lo que es casi idéntico a lo dispuesto por ley sobre las atribuciones del Consejo Nacional de Competitividad.
Es evidente que este decreto provoca una duplicidad en las funciones del Consejo existente y la mesa creada, por lo que, o causaría rivalidad, hipertrofia estatal o la desaparición de un organismo que tiene 13 años funcionando de manera adecuada.
Es cierto que deben hacerse reformas y tomar medidas nuevas para elevar la competitividad en el país y mejorar las notas bajas que en aspectos determinados presentó el reporte Doing Business sobre la República Dominicana, como la seguridad de los inversionistas por ejemplo, pero la emoción del momento, combinada con los intereses personales de ciertos funcionarios de brillar, no deben nublar el buen juicio del presidente Medina quien debería seriamente considerar que la mesa de competitividad sólo es necesaria para satisfacer los deseos de protagonismo de algunos servidores públicos, pero no para las funciones que les son atribuidas por decreto ya que para ello existe el Consejo Nacional de Competitividad.
