Según distintos estudios, uno de los problemas percibidos por la ciudadanía como de mayor gravedad es el de la inseguridad ciudadana. Esto no es solo un asunto de percepción, pues la tasa de homicidios en la República Dominicana sigue siendo muy alta en comparación con otros países de la región. La creciente delincuencia y criminalidad ha afectado la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Esto evidencia el fracaso del método policial de la “mano dura” y de las políticas públicas que han implementado los distintos gobiernos en materia de seguridad.
Por esta razón, es positivo que el gobierno dé muestras de avance en el cumplimiento de una de sus principales promesas, como lo es la presentación del Plan Integral de Seguridad Ciudadana. Este plan incluye la reforma de la Policía Nacional, el programa “Vivir Tranquilo”, el Sistema Integrado de Emergencia 911, entre otras importantes medidas. El enfoque integral de un plan de esta naturaleza viene dado no solo por la diversidad de temas que aborda, sino porque se sustenta en dos ejes fundamentales, la prevención y la persecución del delito. En tal sentido, el componente social es clave, pues no se puede reducir la criminalidad mientras persistan los profundos niveles de pobreza y desigualdad en el país.
Es urgente enfrentar el serio problema de la inseguridad ciudadana. Para ello se requiere de políticas públicas que sean efectivas y que permitan tener resultados positivos en el corto, mediano y largo plazo. Esperemos que el Plan de Seguridad Ciudadana apunte en esta dirección, teniendo en cuenta que no es la primera vez que se presenta un plan de este tipo. En el 2005, el gobierno presentó una ambiciosa iniciativa para enfrentar la delincuencia, denominada Plan de Seguridad Democrática (PSD), con más de 20 programas y subprogramas. Para que el nuevo plan funcione, necesitará superar las profundas limitaciones que afectaron la propuesta anterior.
El Plan anterior fue bueno en su diseño, pero adoleció de problemas en su implementación que impidieron su éxito. El primero lo fue la falta de voluntad política del Ejecutivo. El compromiso del actual Presidente genera expectativas de que esta dificultad pueda ser superada. El segundo problema tuvo que ver con la idoneidad de los funcionarios para llevar adelante el plan. Por otro lado, la debilidad de las instituciones y su falta de coordinación en el terreno afectó la ejecución del PSD. Por último, la instrumentalización de las relaciones con los ciudadanos y sus organizaciones, impidió una efectiva participación social para garantizar la seguridad ciudadana. Confiamos en que esto no se repita.
