Regularmente se habla de opacidad cuando algo no deja pasar la luz de manera adecuada y por lo tanto impide tener una visión clara. En referencia al Estado, la opacidad se entiende como la falta de prácticas claras, de cara a la ciudadanía, de parte de las instituciones del sector público. Esta situación se da cuando en el accionar de estas instituciones, existe un velo que dificulta la compresión de sus políticas, programas, sistemas financieros y procedimientos contables.
En la República Dominicana aún no ha sido posible erradicar la cultura de la discrecionalidad de muchos funcionarios públicos, los cuales entienden que las instituciones del Estado son parte de su patrimonio particular. Por lo tanto, no ven necesario rendir cuentas a la ciudadanía sobre su desempeño y se sitúan por encima de la Constitución y las leyes. Esto contribuye a que tengamos niveles altos de opacidad en el Estado dominicano.
Cuando existen estos niveles de opacidad, se incrementan significativamente los riesgos de corrupción y por lo tanto, de ineficiencia del Estado para atender los problemas de la gente. Es por esto que se hace necesaria la promoción de prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el Gobierno dominicano. La transparencia está basada en la apertura como valor e implica, como señala Daniel Kaufman, que “el Estado debe ser transparente ante la opinión pública y debe dar a la ciudadanía los medios para que cumpla un papel activo”.
La transformación hacia una cultura de la transparencia supone un cambio fundamental en la manera que se toman las decisiones en el sector público.
Para esto es necesario un cambio de actitud, una voluntad política distinta en el liderazgo nacional y un compromiso con las reformas en la administración estatal y su cumplimiento. Entre estas reformas se encuentran las referidas al acceso del público a la información oficial, la descentralización, la declaración jurada de patrimonio por parte de los funcionarios públicos y el establecimiento de mecanismos de consultas públicas sobre proyectos de decretos, reglamentos y leyes.
La Constitución establece en su artículo 49 que toda persona tiene derecho a la información. El derecho a disponer de las informaciones de cuanto acontece en el sector público está garantizado por la ley de Libre Acceso a la Información Pública. El gran desafío hoy es cómo lograr un ejercicio pleno de este derecho de parte de los ciudadanos y cómo promover instituciones públicas que actúen con absoluta transparencia frente a la opinión pública. l
