Los convocantes de la marcha “Fin de la Impunidad”, que se celebró en Santo Domingo el domingo pasado, acudieron este jueves a la sede de la Procuraduría General de la República para exigir que se cree una comisión independiente que investigue el caso Odebrecht.
La dirigente Natalia Mármol explicó que asistieron a la Procuradurís con el propósito de reafirmar que continuarán con la lucha para poner fin al régimen de impunidad que lesiona la institucionalidad.
“Invitamos a todos los ciudadanos a que continúen con acciones, así como lo han hecho, creativas, pacíficas y que vistan de verde, que vamos a estar acompañándolos, porque ya declaramos el inicio del fin de la impunidad y no vamos a parar hasta que sean identificados y sometidos a la justicia los funcionarios que recibieron sobornos de la Odebrecht”, dijo.
Mármol señaló que se mantendrán protestando hasta que se cree la comisión independiente con el apoyo de las Naciones Unidas, como se ha hecho en otros países; se investiguen los sobornos y las sobrevaluaciones de las empresas y hasta que sean cancelados los contratos aún vigentes con la empresa.
También, el dirigente Bartolomé Pujals exigió que la Comisión Internacional contra la Impunidad, que están proponiendo, esté integrada por fiscales autónomos, para que se pueda garantizar la autonomía del expediente.
“Es importante destacar que ni el Procurador General de la República ni el presidente de la República, Danilo Medina, que también es sospechoso porque su gestión toca el tema de los sobornos, puede ser juez y parte al estar designando comisiones que al final de cuentas van a garantizar la impunidad de cualquier acto de corrupción que se pueda verificar”, señaló.
Además, hizo un llamado al Congreso de la República para que emita un voto de censura frente a las declaraciones que hizo la senadora Sonia Mateo, quien dijo que la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) debe investigar al 60% de los asistentes a la marcha.
“El principio de presunción de inocencia nos asiste a todos los ciudadanos, menos a los funcionarios públicos que tienen que demostrar siempre el origen de sus bienes. La marcha fue una ciudadanía que de forma espontánea y derivado del hartazgo de un sistema político que no funciona, se dio cita el domingo 22”, resaltó.
