Nueva vez un grupo de empresarios de Santo Domingo insisten en atacar la ley de Desarrollo Fronterizo 28-01 como la causa eficiente de todos sus males. La realidad es que no hay manera de entender tal punto de vista. El eje principal del rechazo es que esa ley supuestamente propicia una competencia desleal, al otorgar en la zona fronteriza exenciones impositivas que les permiten a los inversionistas que allí se instalen competir en condiciones ventajosas con los sectores productivos ubicados en otras áreas.

Pero la realidad es que en más de una década no se ha podido determinar la cantidad de empresas -si es que existen- que hayan quebrado o visto mermar sus ganancias por la existencia de esta legislación.

En cualquier caso, la legislación no es discriminatoria. Ofrece las mismas condiciones para todo empresario que desee invertir e instalarse en las provincias favorecidas por la ley, y sin embargo, son muy pocos los emprendedores que han decidido arriesgar sus capitales para establecer compañías productivas en la deprimida zona.

Pese a la ley 28-01, todavía las provincias cercanas a la frontera son de muy bajo interés para ciertos sectores empresariales que critican su existencia, pero prefieren instalarse en las grandes ciudades, y no arriesgar sus capitales en una zona tan deprimida y olvidada.

Pero además, es un compromiso nacional mejorar la calidad de vida en la frontera, lo que está claramente expresado en el artículo 10 de la Constitución, que reafirma el interés supremo y permanente de la Nación para garantizar el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza. Y todo esfuerzo en esa dirección lo que merece es encomio.

Pese a ello, se pretende enterrar ese espíritu solidario y que se derogue el régimen establecido mediante la ley, lo que atenta contra los derechos adquiridos y el desarrollo equilibrado del país.