La doctora en derecho, Zulima Sánchez, dijo ayer que en el país deben regularse los procedimientos para que las acciones de amparo no pierdan la esencia de tutelar los derechos fundamentales.Agregó que “las administraciones públicas deben ser conscientes de que mientras está pendiente un amparo, a lo mejor decidan por sí mismas paralizar sus actuaciones y que todos los que estén implicados realmente lo cumplan”.
Destacó que, en muchas ocasiones, no es una cuestión de dinero, sino de “regular procedimientos para que haya cosas que nunca debieron pasar y no pasen”.
También resaltó que el hecho de que la falta de celeridad en materia de amparo salte a los medios de comunicación y se critique “hace que quienes tienen que administrar justicia y tomar decisiones políticas, sean conscientes de que deben hacerlo de una manera más rápida por los efectos que esto tiene para la ciudadanía y el sentimiento de que no hay derecho”.
La profesora de la Universidad de Salamanca hizo un llamado al Poder Judicial para que a la hora de evaluar a los jueces se tome en cuenta la prioridad que dan a la tutela cautelar de derechos fundamentales.
Todos los poderes se debilitan
Dijo también que el debilitamiento de un poder del Estado, en este caso el Judicial, afecta a todos los demás porque acaba desencantando a la ciudadanía que, a su vez, deja de creer en la clase política.
“Esto que puede resultar cómodo para los otros poderes del Estado, el que no estén sometidos de forma directa al Poder Judicial, por dilaciones, porque no funciona bien el sistema, acaba debilitando a todos los poderes”, dijo.
Observó que el ciudadano ve que existen normas que sí se aplican para él, pero no para quien gobierna, “lo que acaba generando desconfianza en la clase política y se acaba viendo en el resultado electoral y la poca participación”. En ese sentido, insistió en que “la inaplicación de la ley acaba generando una situación de desencanto de la ciudadanía en todo el sistema democrático”.
Aseguró que en la actividad administrativa el estado de derecho lo garantiza el Poder Judicial, por lo que llamó a los actores del sistema a prestar la atención que necesita. Al referirse a los pasos que tiene que dar el Estado para tener una justicia administrativa efectiva, sostuvo que es necesario cumplir con las exigencias de la Constitución Dominicana y que, lo más rápido posible, se apruebe una nueva norma de la jurisdicción contenciosa que permita que los ciudadanos, sin necesidad de trasladarse a Santo Domingo, puedan, desde sus municipios, recurrir los problemas que tengan con la administración. Habló luego de participar en el Congreso de Derecho Constitucional y Administrativo del CEDECA-UCSD realizado por el Decanato de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), que dirige el magistrado Román Jáquez.
Es profesora de derecho administrativo
Zulima se formó en la Universidad de Salamanca, España, en la Universidad de Columbia (New York) y en la UVA (Amsterdam), donde terminó sus estudios en derecho en 1997. Es profesora del master “Derecho en la Administración del Estado”, que imparte el Centro de Altos Estudios de Funglode. Sus principales líneas de investigación son Administración Local, Jurisdicción Contenciosa, Derechos del ciudadano, Participación ciudadana, Administración electrónica, Estudios de género, y Derecho administrativo iberoamericano.
