Vinicio Castillo Semán cuestionó ayer la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para conocer y pronunciarse sobre casos que involucran al Estado.El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) indicó que la carta de adhesión que le da competencia a la Corte, con sede en Costa Rica, no fue aprobada por el Congreso Nacional, por lo que resulta inconstitucional.
“República Dominicana es soberana para decir quién es nacional y quién no. Eso ya lo decidieron sus constituciones y la jurisprudencia de la anterior Suprema Corte de Justicia, en calidad de Corte Constitucional, y el Tribunal Constitucional. Es un hecho inapelable e irreversible, que no puede ser revocado por ninguna corte internacional”.
Defiende sentencia
Indicó que si los jueces de Costa Rica pudieran estar por encima de lo que digan la Suprema y el Tribunal Constitucional, República Dominicana no sería un Estado independiente, sino una colonia bananera.
“Es absolutamente falso que la sentencia del TC pretenda despojar de la nacionalidad retroactivamente a miles de hijos de inmigrantes ilegales. El TC, como era su obligación, respetó y ratificó la sentencia irrevocable de la Suprema Corte de Justicia anterior, que había definido con claridad que los hijos de ciudadanos ilegales en el país no adquirían la nacionalidad dominicana”.
Defendió la decisión emitida por el TC al decir que es jurídicamente correcta y sensata desde el punto de vista humano, ya que traza un procedimiento para regularizar en tiempo oportuno los casos de inscripciones irregulares y fraudulentas en el Registro Civil.
El TC deberá pronunciarse
Más de 40 ciudadanos solicitaron que se declare inconstitucional y, en consecuencia, se anule el acto de reconocimiento de competencia del Gobierno dominicano ante la CIDH. La acción de inconstitucionalidad fue depositada el 28 de noviembre de 2005 en la SCJ (que fungía como corte constitucional) y remitida al Tribunal Constitucional.
Actualmente, el caso se encuentra en estado de tramitación para ser conocido y fallado por el Tribunal Constitucional. El proceso lleva ya ocho años en manos de la Justicia.
Competencia de la Corte Interamericana
Según los accionantes, el expresidente Leonel Fernández expidió y firmó el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte, el 19 de febrero de 1999, mediante el cual declaró que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la CIDH sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Esto no pasó por el Congreso.
