Tras la publicación de un primer informe de las declaraciones de una de las condenadas por lavado de activos, en el caso Figueroa Agosto, se puso de relieve el tema de la vulnerabilidad del sistema político dominicano y de los riesgos de penetración del narcotráfico y el crimen organizado en la política. Sea verdad o no, la acusación de que el candidato presidencial del PRD en el 2008 y actual presidente de dicho partido recibió financiamiento ilícito en medio de la campaña de ese año, es un tema al que debe prestársele mucha atención.
El incremento del crimen organizado en sus distintas manifestaciones (narcotráfico, corrupción, tráfico de personas), es una realidad en nuestro país y exige de políticas públicas eficaces para combatirlo. En distintos países de la región, la República Dominicana no escapa a esta situación, se conoce de una incursión cada vez mayor en la política, de sectores vinculados al tráfico y consumo de drogas. Esto plantea la necesidad de entender este fenómeno y de impulsar medidas que permitan un mayor control del financiamiento político.
En la República Dominicana, donde no existen límites al gasto en las campañas electorales, la actividad política requiere de recursos millonarios. Esta situación se agrava por el hecho de que existe una total falta de regulación del financiamiento político, sobre todo del que procede de fuentes privadas.
Si la utilización del dinero en la política no es regulada o es mal regulada, el financiamiento y la forma en que se genera, puede ocasionar serias amenazas al sistema político y al régimen democrático.
Precisamente, una de las amenazas más preocupantes es la que tiene que ver con la entrada de dinero ilícito a la política. Este es un tema que se ha estado debatiendo durante décadas en diversos países de la región y que requiere de respuestas rápidas, de forma tal que la confianza ciudadana en el sistema político no se vea afectada.
Lo anterior se constituye en un grave peligro no sólo para la equidad y la transparencia de los procesos electorales, sino también para la democracia, pues los grupos vinculados al crimen organizado, “tratan de influir -o, peor aún, de capturar- los poderes institucionales, de modo de lograr que se coloquen al servicio de sus intereses” (Vargas V., 2010). Esto es, que grupos criminales cuenten con la protección y la impunidad por parte del Estado, frente a sus actividades delictivas. El financiamiento político, deberá ser un tema fundamental en la discusión sobre la ley de partidos políticos, pendiente desde hace más de una década.
