La publicación del acta No. 4 del estado mayor general de las Fuerzas Armadas, emitido el pasado 24 de abril, resulta oportuna en medio de un proceso electoral, que ha sido esencialmente pacífico, pero que por momento se torna borrascoso.
Los temores de algunos de los actores políticos sobre “fraudes”, las denuncias reiteradas del uso de los recursos del Estado en campaña y más recientemente, el supuesto involucramiento de jefes militares y policías a favor del candidato del gobierno, parecieran sugerir que el clima de libertad y seguridad para el ejercicio libre del voto está amenazado.
Las quejas sobre potenciales fraudes han disminuido. El denunciado uso de los recursos del Estado en campaña difícilmente salga del debate.
Sin embargo, el desempeño de los militares y policías en la campaña sí puede ser monitoreado.
En todo caso, sería alarmante que los hombres de uniformes estén actuando en política. Estaríamos frente a la peor regresión. Naturalmente, también es verdad que durante estos períodos las denuncias se tornan extremas.
Desde cualquier punto de vista tiene mucho valor que las Fuerzas Armadas hayan divulgado el acta No. 4, del 24 de abril, que sugiere que aconteció antes de que se produjera una formal denuncia de la oposición del involucramiento de militares en política.
Tal y como lo recuerdan en su acta, la Constitución es clara en cuanto a que las Fuerzas Armadas “son esencialmente obedientes al poder civil, apartidistas y no tienen facultad, en ningún caso, para deliberar”.
Pero no estaría de más que el alto mando no sólo exprese su voluntad de cumplirlo, sino que promueva esa actitud entre los subalternos, y que deje bien claro que estamos en un proceso cívico, que no arrastra al estamento militar.
Corresponde a los institutos armados garantizar el orden, proteger a los ciudadanos y apoyar el trabajo de la Junta Central Electoral (JCE) para que de verdad el certamen sea libre y confiable.
