Oscar Quezada nos trae en este día una noticia triste, que, gracias a Dios, no es violenta. Aunque la misma no deja de orlar en sus orígenes el cuadro descrito que tiene por escenario la gobernación de Samaná.
La historia: Hace ocho meses que 35 familias tienen como lugar de “residencia” el edificio de la gobernación, donde realizan todas sus labores y necesidades cotidianas, en plena cohabitación con el gobernador Fausto Fourchue, quien con un alto sentido de humanidad ha aceptado la situación, y “entra y sale de sus oficinas… acostumbrado a un drama que contradice la imagen del pueblo turístico y pujante que representa Santa Bárbara de Samaná”.
Un caso como éste resume todos los elementos que deben obligar al Estado a actuar. Son familias que durante toda una vida se establecieron en unos predios, y de la noche a la mañana descubrieron que esas tierras tenían otros dueños.
Los vecinos no han ejercido violencia. Tratan de sobrevivir en unos espacios limitados que indefectiblemente terminarán degradados, no importa el esfuerzo que realicen por impedirlo.
Está el decoro de la representación del gobierno en la provincia, uno de los polos turísticos del país de mayor potencial. La vergüenza que deben padecer los ocupantes y los riesgos a la salud de todos ellos.
Pudiéramos solicitar la caridad ciudadana con estas familias, pero la cuestión va más allá.
Al margen de los aspectos legales respecto al valor de sus reclamos de propiedad, en lo inmediato el gobierno tiene que ayudar a la gobernación a resolver ese problema. La solidaridad del poder público no debe demorar.
El Presidente de la República debe emitir una orden para que las agencias del gobierno busquen una solución. Ahí se requiere la mano protectora del poder público en pro de esas familias.
