Después de varios años de intensos debates, se logró consensuar una iniciativa de ley de salarios en el sector público que fue presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.
Este proyecto, promovido por el Ministerio de Administración Pública (MAP), vendría a corregir la falta de transparencia y las profundas distorsiones existentes en el régimen retributivo del Estado dominicano.
Sin embargo, se han dado tres acontecimientos que amenazan la aprobación y efectiva aplicación de este importante proyecto de ley. El primero lo constituyó la campaña inusitada que ha buscado impedir su aprobación o por lo menos reducir sustancialmente su alcance. Varios sectores han señalado que una ley de esta naturaleza debe excluir a instituciones autónomas o descentralizadas del Estado, pues se afectaría su independencia y por lo tanto se estaría ante una violación de la Constitución.
Esta posición no se corresponde con lo que establece la propia Constitución en su artículo 144, el cual indica: “La ley establecerá las modalidades de compensación de las y los funcionarios y empleados del Estado, de acuerdo con los criterios de mérito y características de la prestación del servicio”. Como han señalado algunos expertos, la Constitución proclama que la República Dominicana es un Estado unitario y por lo tanto, ninguna institución pública puede situarse por fuera de él.
El segundo hecho lo constituyó la aprobación en la Cámara de Diputados, de una enmienda en la que se excluye al Congreso de la prohibición de la concesión de beneficios e incentivos a servidores públicos, por gestiones que se encuentren dentro del ámbito de su competencia. Esta es una vergonzosa manera de legislar en provecho propio, lo que a todas luces significa una flagrante violación a la Constitución.
Por otro lado, y con esto llegamos al tercer hecho, preocupan las declaraciones dadas por el presidente del Tribunal Constitucional, en la que objeta que un poder del Estado determine el salario del personal de los otros poderes; fijando de esta manera una posición anticipada que pone en evidencia cual sería la decisión de este alto Tribunal, en caso que se requiera su participación.
Bajo el alegato de que se atenta contra la independencia de instituciones autónomas, diversos sectores ocultan su verdadera intención de resistirse a renunciar a los alarmantes privilegios de que disfrutan. Por encima de todo esto, es necesario dotar al Estado dominicano de una adecuada regulación que contribuya a fortalecer la administración pública. Ojalá que el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional sean capaces de entender los beneficios de aprobar esta ley marco. l
