Es importante que sectores del país le presten atención a la elaboración y conocimiento del Presupuesto de la Nación, que es el instrumento por excelencia de desarrollo. En el pasado, el proyecto de presupuesto solía ser un paquete que enviaba el Poder Ejecutivo, y si las cámaras estaban controladas como ahora por el partido gobernante, simplemente se ratificaba sin consistentes niveles de discusión.
Pero algunos segmentos organizados de la población y ciertos estamentos del poder público han ido entendiendo la importancia de que tanto el Ejecutivo como el Congreso consideren sus iniciativas, sus planes y aspiraciones y queden contenidas en la pieza.
En la medida en que los actores sociales, institucionales y políticos comprendan la necesidad de participar y que se les tome en cuenta en la elaboración del Presupuesto, en esa misma medida se estará contribuyendo a disminuir las fuentes de conflictividad.
Ha sido precisamente la presión de profesionales y las actitudes críticas de la opinión pública lo que ha permitido la inclusión de partidas previstas para satisfacer algunas demandas sectoriales. Pero hay insatisfacciones.
Es oportuno comentar los riesgos que corre la gobernabilidad si el liderazgo político no se detiene a observar el impacto que podrían tener en los planes de desarrollo de la Nación las leyes que especializan fondos para ciertas áreas.
El tema, muy sensible, ameritaría algunas reflexiones que permitan revisar los criterios en la asignación de montos porcentuales para las diferentes instituciones y programas del gobierno en su conjunto. Fondos porcentuales determinados por leyes específicas para la UASD, para el Ministerio de Educación, para capitalizar el Banco Central, para el Poder Judicial, para situaciones de calamidad pública, para los municipios, para los partidos políticos y la Junta Central Electoral, y así sucesivamente.
¿Es ese un criterio adecuado? ¿Responde a una justa política distributiva y de manejo del gasto en función de las prioridades nacionales? Son interrogantes a las cuales no les tenemos respuestas, pero que obligan a los responsables del gobierno nacional, en todas sus especificidades, a pensar sobre las mismas.
