El Partido Revolucionario Moderno (PRM) rechazó que se haya llegado a algún consenso sobre el denominado Pacto Eléctrico entre el Gobierno y las demás fuerzas políticas y sociales reunidas en el Foro Social que coordina Agripino Núñez Collado.
Andrés Bautista, presidente del PRM, dijo que “la improvisación y la irresponsabilidad del gobierno de Danilo Medina y las autoridades del sector eléctrico dominicano condenan a las familias y a las empresas a pagar miles de millones de pesos en exceso por el servicio de energía eléctrica”.
En compañía de miembros de la Comisión de Energía del PRM, Bautista sostuvo que esta afirmación se fundamenta en el vencimiento el pasado domingo del último tramo de los contratos de compra de energía y potencia entre las empresas distribuidoras y algunas grandes empresas generadoras, según se contempla en el Acuerdo de Madrid.
“A partir de ahora las empresas generadoras deberán comprar la totalidad de la energía que les demandan sus abonados en el llamado mercado spot, al precio más caro de todas las plantas que son despachadas cada día. Este sistema de compra y pago es una consecuencia del modelo de capitalización implantado en el país en el 1999 durante el primer gobierno del PLD, muchos de cuyos funcionarios del sector responsable de la capitalización ahora son actores principales en las discusiones del llamado Pacto Eléctrico”.
Dijo que el PRM no ha participado ni será responsable de los supuestos acuerdos que anunciaría el Gobierno, debido a que se retiró de las discusiones por la falta de transparencia con que las autoridades manejan el sector eléctrico.
Respeto a las leyes
El dirigente del PRM demandó del Gobierno el respeto a las leyes y reglamentos del servicio eléctrico.
“Este modelo de capitalización es irresponsable e ineficiente, cuyo oneroso y catastrófico impacto sobre la economía familiar y los sectores productivos tuvieron que ser paliado con el llamado Acuerdo de Madrid el cual impidió que miles de millones de pesos fueran a parar a mano de los generadores a través de la exagerada tarifa que tendrían que pagar los consumidores de electricidad si se hubiesen mantenido los contratos originales de la capitalización”, dijo.
Agregó que este hecho revela, además, la grave crisis institucional en que se desenvuelve el sector eléctrico nacional, puesto que es a la Superintendencia de Electricidad a la que a ley de electricidad le asigna la responsabilidad de velar por la contratación mediante licitaciones transparentes y competitivas de la potencia y energía que requieran las distribuidoras.
